2017-12-30 | 11:10
PGNVetar presupuesto era una obligación, según Lea
Gentileza.
A pesar del esfuerzo realizado en presentar por escrito a cada uno de los congresistas una propuesta alternativa, de manera a revertir esta situación de desfinanciamiento y aminorar el impacto negativo en los más vulnerables, el Congreso finalmente aprobó un PGN 2018 desfinanciado y con una importante reestructuración del gasto público. El incremento, con respecto a la versión del Poder Ejecutivo, en la rigidez del gasto resultante que debe ser financiado con impuestos asciende a USD 87 millones.
La ministra Giménez remarcó que el Ministerio de Hacienda no desconoce las reivindicaciones justas de sectores críticos como educación y salud, pero tampoco puede dejar de considerar que el PGN sancionado por el Congreso prioriza los intereses de sectores minoritarios por sobre los de la sociedad en general.
En este contexto, para el sector docente se trabajó en la determinación del Salario Básico Profesional, para lo cual Hacienda propuso el incremento del 12%. Este porcentaje implica destinar 1/3 de los ingresos tributarios adicionales que el Fisco espera generar en el 2018, y representa lo que financieramente es sostenible sin afectar a otros programas prioritarios. En lo que respecta al sector salud, se propuso trabajar en la reducción de las inequidades salariales existentes. Con el presupuesto sancionado por el Congreso Nacional estas inequidades se exacerban, lo que dificulta avanzar en la equiparación salarial de los distintos estamentos que componen la salud pública.
En resumen, el Congreso aprobó un PGN 2018 que contiene un desfinanciamiento de aproximadamente USD 40 millones, por encima de lo propuesto por el Poder Ejecutivo para los gastos financiados con Recursos del Tesoro (impuestos), destinados principalmente a gastos en salarios, haciendo más rígido el Presupuesto y, por ende, restando recursos al financiamiento de las políticas públicas tendientes a la entrega de bienes y servicios finales a todos los ciudadanos y de protección social a la población más vulnerable.
Hoy el escenario actual de desfinanciamiento del PGN2018 se agravó con los recientes fallos de la Corte Suprema de Justicia, respecto a la aplicación del IVA a las Cooperativas, y la devolución de impuestos a las agroexportadoras. La ministra Giménez explicó que estos dos fallos de la Corte afectan de manera directa e importante a la capacidad de generación de recursos del Estado a través de impuestos. Estas nuevas variables deben obligatoriamente ser consideradas a la hora de estudiar el veto parcial.
La objeción parcial al proyecto de Ley N° 6026/2017 sancionado por el Congreso se da sobre el Artículo 2° en lo que respecta a los aumentos incorporados en el Anexo del Personal aprobado en el Artículo 164, inciso b), para las siguientes instituciones de la Administración Central: Ministerio de Educación y Ciencias (4%), Ministerio de Salud Pública en un porcentaje de hasta el 30% para el Tipo de Presupuesto 2 Programas de Acción: Programa I Servicios Sociales de Calidad, Unidades Responsables 66 Hospital General Pediátrico y 77 Hospital del Trauma “Manuel Giagni”, Programa 2 Hábitat adecuado y sostenible, Unidad Responsable 3 Control y Vigilancia de enfermedades transmisibles, y en 8% para los demás Programas de la Entidad. También para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en G. 600.000 en las categorías presupuestarias inferiores a G. 11.855.200; y a la Industria Nacional del Cemento (INC) en un 12%.
Asimismo, el Poder Ejecutivo objeta el Artículo 59, con lo que el Proyecto de Ley vetado parcialmente se devuelve al Congreso para el estudio y pronunciamiento correspondiente tal como lo prescribe el Artículo 208 y concordantes de la Constitución Nacional.
La ministra Lea Giménez estuvo acompañada en la conferencia de prensa por el viceministro de Economía, Humberto Colmán; el viceministro de Administración Financiera, Óscar Llamosas; y el abogado del Tesoro, Fernando Benavente.
Fuente Ministerio de Hacienda
