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Los maestros que denunciaron la comisión de los ilícitos son: Cinthia Leguizamón, Juan González, Eliodora Salinas, Laura Avalos, Juan Casco, Patricia López, Félix González, María Baruja, Mónica Gómez,   José Duarte, Luis Morel, Carolina Rivas, Cristhian Montiel, Nimia Amarilla, Hilda Pedrozo, Irma Ramírez, Mariza Cáceres, Aldo Ruiz Díaz, Rubén Ayala, Luz Noguera, Petrona Cabrera, Pablo Rolón, Silveria Palacios, María Montanía, Andrés Avelino, Lilian Flores y Ada Mendoza.

Las denuncias señalan que personas que desempeñaban como vendedores de Marite S.A., dedicada al rubro de préstamos personales y electrodomésticos, representada por Jara Acosta, ofrecieron a docentes y funcionarios del MEC en sus respectivos domicilios y centros educativos donde prestan servicios,  ese combo de productos.

Los vendedores manifestaron que las obligaciones derivadas de los contratos serían canceladas a través del descuento salarial del MEC.   Para ello habilitaron formularios con el membrete de la citada firma donde constaba la inscripción “Autorización de Descuento en Planilla de Sueldo y Orden de Pago a Marite S.A.”.

Luego, los maestros se percataron que sus haberes depositados en el BNF habían disminuido considerablemente debido a que fueron embargados por las acciones ejecutivas promovidas por los abogados       Mercedes Lucila Martínez Galeano y Rolando Salinas Pastore ante el Juzgado de Paz del Distrito de La Encarnación, de Asunción.

Las acciones ejecutivas y mandamientos de intimación de pago y embargo ejecutivo no fueron notificados a los docentes y funcionarios en sus domicilios reales o procesales, que como se había mencionado se encuentran a lo largo del país, sino que fueron diligenciados en la Dirección de Sueldos y Beneficios del MEC, ubicado en Montevideo 571 de Asunción.

La mencionada dependencia, por medio del Circular N°  05/2014, había establecido que las cédulas de notificaciones de los juicios dirigidos de forma personal a los docentes y funcionarios del MEC no serán recibidos en ningún caso en la citada dependencia.

En el marco de las investigaciones, la fiscala Sosa logró reunir importantes evidencias de la comisión de los ilícitos. En los allanamientos realizados a la sede de Marite S.A., se incautaron de talonarios de pagos y pagarés con los montos impresos de G. 5.800.000 y G. 6.950.000.

La jefa del Departamento de Administración de Descuentos de la Dirección de Sueldos y Beneficios del MEC declaró que la secretaría de Estado no opera directamente con casas comerciales y destacó que Marité S.A., no se encuentra adherida a ninguna de las entidades permitidas en la Resolución N° 925/2006 del MEC.

Fuente: Ministerio Publico