El Departamento de Justicia de Estados Unidos designó el año pasado a Hezbollah, un partido político y grupo militante libanés, como una organización criminal transnacional, gracias a su asociación duradera y bien documentada con cárteles de drogas de América Latina. Un punto clave de las operaciones de Hezbollah en el hemisferio oeste es la zona de la triple frontera de Argentina, Brasil y Paraguay, un santuario para todos los tipos de crimen organizado. Numerosos casos de financiaciones del terrorismo, lavado de dinero y tráfico de drogas en los tribunales de EEUU implican la participación de libaneses alineados con Hezbollah que operan ahí. Argentina y Brasil han mostrado una mayor preparación para emprender acciones contra Hezbollah, peroParaguay, el país donde Hezbollah es más vulnerable a la acción, es el más reacio a reconocer el desafío.

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, en el poder desde el pasado agosto, está bajo presión para cambiar eso. A pesar de la promesa inicial, su administración sigue plagada por los mismos problemas que sus antecesores no pudieron resolver, y viene un ajuste de cuentas. Este año, The Financial Action Task Force, una organización intergubernamental, evaluará a Paraguay para valorar la efectividad de la lucha contra el lavado de dinero y los sistemas financieros antiterroristas, para lo cual el grupo establece estándares globales. Los países que fallan en esta evaluación, como Irán y Corea del Norte, tienen que lidiar con restricciones engorrosas que impiden el comercio y la inversión.

Paraguay está ahora considerando un paquete de medidas legislativas para mejorar su régimen de lucha contra el lavado de dinero y contraterrorismo. En cualquier caso, su principal desafío sigue siendo uno de implementación. Asunción ha sabido desde hace mucho tiempo que necesita mejorar su récord. Ahora debe hacerlo o enfrentar las consecuencias.

La administración de Trump, al contrario de sus predecesores, le ha dado la debida atención a Paraguay. El primer viaje de un alto funcionario a Latinoamérica después de la elección de Trump fue a Paraguay. Si bien muchos puestos de embajadores en América Latina permanecen vacantes, Washington rápidamente nombró a un diplomático de carrera para que fuera el enviado de EEUU en Asunción. Los funcionarios del Tesoro de los EEUU también visitaron Paraguay el mes pasado para transmitir un mensaje claro: los que financian el terrorismo y lavan dinero para el crimen organizado pagarán un alto precio. Paraguay necesita hacer su parte.

A pesar de su voluntad de trabajar con EEUU, los líderes de Paraguay han minimizado desde entonces la amenaza de la presencia de Hezbollah en su país. El ministro de Relaciones Exteriores, Luis Castiglioni, expresó dudas y pidió públicamente pruebas. El ministro del interior restó importancia al problema. Incluso el presidente de la Corte Suprema intervino y dijo que no había pruebas de que Hezbollah estuviera financiando al terrorismo.

Después, como para agravar el problema, Abdo trató de vender su país como un paraíso fiscal, haciendo alarde de sus bajas tasas de impuestos en el Foro Económico Mundial de 2019 en Davos, Suiza. "Es casi un paraíso fiscal" dijo.

Está en lo cierto. Paraguay se ajusta a la definición de paraíso fiscal de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo: "un país que impone un impuesto bajo o nulo, y que utilizan las corporaciones para evadir el impuesto que de otro modo tendrían que pagar en un país con tributos altos. Los paraísos fiscales no tienen "ningún impuesto o solo nominales; falta de intercambio efectivo de información; falta de transparencia en el funcionamiento de las disposiciones legislativas, legales o administrativas".

Como es lógico, los paraísos fiscales están atrayendo cada vez más a organizaciones criminales, evasores de impuestos y oligarcas corruptos saqueando los recursos de sus países, junto a compañías e individuos ricos que buscan evitar los impuestos. Parte de la razón por la cual las redes de financiación ilícitas de Hezbollah operan en el área de la triple frontera es que Paraguay carece de transparencia. La información sobre los dueños de las propiedades corporativas es virtualmente inaccesible, mientras la práctica de beneficiar a los propietarios -disfrutando de los beneficios sin aparecer en los registros de la empresa- está altamente extendida. La corrupción es desenfrenada, incluso para los estándares latinoamericanos; la clase política del país está plagada por conflictos de intereses, y el sistema judicial sigue propenso a la corrupción y al nepotismo.

Según el informe recientemente publicado "Transparency International Corruption Perceptions Index 2018", Paraguay solo funciona mejor que Venezuela (que está a la par con Bolivia) entre las naciones de América del Sur. Ocupa el puesto 132 de los 180 países evaluados. Hay buenas razones para eso.

Para empezar, las élites que dirigen el país corren el riesgo de que sus intereses económicos entren en conflicto con sus responsabilidades políticas, por la sencilla razón de que no están obligados a vender sus activos o encerrarlos en fideicomisos una vez que ingresan al servicio público. María Epifanía González, quien dirige la unidad de inteligencia financiera del país luego de una distinguida carrera en el Banco Central de Paraguay, está casada con un miembro de la junta de uno de los bancos más grandes de Paraguay. Este no es un caso aislado. El ministro de la Corte Suprema, Antonio Fretes, tiene una participación importante en otro banco, oficialmente a nombre de su hijo. La lista continúa.

Cuando se enfrentan a tales preocupaciones, los líderes paraguayos parecen desconcertados. Afirman no entender cuál es el problema. Sin embargo, en un país donde el lavado de dinero, la falsificación, el tráfico de drogas y el contrabando de cigarrillos constituyen una parte importante de la economía, los encargados de combatir la delincuencia financiera deben ser irreprochables. Esto es especialmente preocupante a la luz en tres casos judiciales en que EEUU donde se denuncia falsificaciones, lavado de dinero y vínculos de tráfico de drogas entre el área de la triple frontera y los EEUU,  con posibles vínculos con Hezbollah y cárteles sudamericanos. Estos casos apuntan a los bancos locales y casas de cambio como los conductos para flujos financieros ilícitos. Incluso si los propios bancos no son cómplices a sabiendas, la facilidad con que el crimen organizado y quienes financian el terrorismo se aprovechan del sistema financiero paraguayo revelan deficiencias estructurales en los campos de la debida diligencia, las prácticas de conocimiento de sus clientes y las medidas contra el lavado de dinero.

Las autoridades paraguayas deben hacer un mejor trabajo patrullando el sistema financiero de su país. Para que eso suceda, los funcionarios paraguayos a cargo de investigar delitos financieros deben resolver los conflictos de intereses para que puedan llevar a cabo su misión sin temor o favores.

La inseguridad judicial agrava aún más el problema. Las grandes investigaciones sobre supuestos esquemas de lavado de dinero con posibles conexiones de financiamiento del terrorismo con frecuencia no llegan a juicio. En noviembre, el periódico paraguayo ABC Color vinculó a Hezbollah con la investigación del "megalavado" de 2016 ("mega-wash") que descubrió el mayor plan de lavado de dinero en la historia del país. Queda por ver si el supuesto esquema benefició al grupo terrorista. En cualquier caso, el Departamento de Estado de EEUU lo consideró una señal de que Paraguay no ha combatido el lavado de dinero. Han transcurrido más de dos años desde que las autoridades paraguayas realizaron redadas contra los presuntos autores. Los fiscales a cargo del caso han sido reemplazados varias veces, incluso, más recientemente, durante las vacaciones de Navidad. No ha habido acusaciones ni exoneraciones.

Otro caso, "megaevasión", que involucró a 285 compañías acusadas de estafar al estado, ha esperado más tiempo un resultado por parte de la justicia. El único progreso, si se puede llamar así, en una investigación, por lo demás estancada, ha sido el reciente intento de un juez, ahora eliminado de su función, de exonerar a algunos de los sospechosos.

Los casos estancados frecuentemente conducen a la liberación de sospechosos.Algunos de ellos se encuentran con la dura justicia del mundo del crimen organizado. Ese fue el caso de una red de narcotraficantes en el área de la triple frontera vinculada a Hezbollah, expuesta entre agosto de 2016 y mayo de 2018 por las fuerzas de seguridad paraguayas que trabajan con la Administración de Control de Drogas de EEUU. Los funcionarios paraguayos habitualmente promocionan la operación como una señal de éxito, así como una prueba de su seriedad en la lucha contra el crimen organizado. De hecho, lo opuesto es verdad. De los cinco individuos arrestados, solo uno, Ali Issa Chamas, fue extraditado a los Estados Unidos y finalmente sentenciado. En contraste, de los cuatro que permanecieron en Paraguay, solo uno, Georges Rahme, permanece bajo custodia. Dos escaparon de la cárcel, probablemente ayudados por funcionarios locales corruptos, en diciembre de 2017. Un cuarto, Akram Abd Ali Kachmar, fue liberado de la cárcel poco después de su arresto y nunca fue procesado. Hace dos semanas, lo encontraron muerto en su apartamento en lo que parecía que pudo haber sido un trabajo mafioso. El forense lo descartó rápidamente como un ataque al corazón.

El presidente Abdo argumentará de forma comprensible que no es su trabajo interferir en el curso de la justicia. Tiene razón: el ejecutivo no debe interferir. Pero con demasiada frecuencia, lo hace. El vicepresidente de Abdo, Hugo Velázquez Moreno -él mismo ex fiscal- se puso del lado de un miembro del parlamento encarcelado que está implicado en un caso de crimen organizado de alto perfil, y presiona públicamente a los fiscales. Durante los últimos días en el cargo del predecesor de Abdo, Horacio Cartes, la Interpol emitió una orden de arresto internacional en nombre de Brasil contra un amigo cercano de Cartes, Darío Messer. Messer, de quién se cree está escondido en Paraguay, está siendo investigado como la cabeza de un plan de lavado de dinero multimillonario. Sin embargo, a las autoridades paraguayas les tomó días hacer cumplir la orden, dándole suficiente tiempo para que desaparezca. Él todavía está en libertad.

Esto no quiere decir que todos estén por encima de la ley. La oficina del fiscal general ha lanzado en los últimos meses muchos casos de alto perfil que apuntan a políticos corruptos, incluso contra el ex fiscal general. Sin embargo, no hay garantía de que estos casos lleguen a la etapa del veredicto. Mientras tanto, los fiscales están sujetos a intimidación y presión política.

Estados Unidos debería tomar medidas concretas para empujar a Paraguay en la dirección correcta. Desde que ocupa la presidencia del Grupo de Acción Financiera hasta el 30 de junio, Washington desempeñará un papel principal en la próxima evaluación del país del guardián del lavado de dinero. Dejando de lado las promesas de reforma legislativa, Paraguay debe mejorar su desempeño en áreas críticas para garantizar un resultado positivo para la evaluación, una tarea casi imposible en tan poco tiempo.

Como mínimo, los Estados Unidos deben dejar en claro las consecuencias que enfrentaría Paraguay si no muestra un progreso en el procesamiento de casos sospechosos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Asunción debe abordar la falta de transparencia, no solo combatiendo la corrupción generalizada y fortaleciendo el imperio de la ley, sino también abordando problemas como la titularidad real de las empresas, exigir la transparencia de los nombramientos políticos, establecer reglas claras para minimizar los conflictos de intereses y aislar a los fiscales. Mientra tanto, los fiscales y miembros de la justicia son proclive a presiones políticas.

Mientras tanto, Washington no debe esperar a que Paraguay compagine sus palabras de compromiso con las acciones que debería haber tomado hace mucho tiempo. En su lugar, debería tomar una página del libro de jugadas de la administración Obama en el caso del Banco Canadiense Libanés de 2011, que involucró una vasta red mundial dirigida por el facilitador de Hezbollah Ayman Joumaa para lavar dinero para los carteles de la droga colombianos y mexicanos. Luego, el Departamento del Tesoro designó al banco como una entidad de interés primario de lavado de dinero en virtud de la Sección 311 de la Ley Patriota. Los golpes combinados de esa designación y los procesos penales de los Estados Unidos en última instancia forzaron al banco a cerrar el negocio.

La misma estrategia podría funcionar con Paraguay. El Tesoro de los Estados Unidos podría dirigirse a instituciones financieras específicas. También podría indicar que tales designaciones son solo el comienzo, con todo el sistema financiero de Paraguay en riesgo de ser designado. Mientras tanto, el procesamiento de casos penales vinculados a Paraguay en los tribunales de los Estados Unidos expondría la magnitud del problema y aumentaría la presión sobre Asunción. Este enfoque perjudicaría incluso más que la perspectiva de una evaluación negativa.

Paraguay debe elegir: ser un paraíso fiscal tiene un precio. Hasta ahora, Asunción ha logrado aplazar el pago. Ahora se acabó el tiempo.

Por EMANUELE OTTOLENGHI | Foreign Policy

*Sobre el autor: Emanuele Ottolenghi es un reconocido politólogo italiano, miembro de Foundation for Defense of Democracies; dirigió el Comité Judío Estadounidense en Bruselas; fue profesor en la Universidad Oxford, tiene un doctorado en Universidad Hebrea de Jerusalén y se graduó en la Universidad de Bologna. 

Ottolenghi ha escrito en medios como Commentary, The Daily Mirror, The Guardian, National Review Online, Newsday, The Jewish Chronicle y The Middle East Quarterly.

Fuente INFOBAE