Crisis por los enfrentamientos

Lavozpy. - El Gabinete interino que asumió el poder la semana pasada en Bolivia repite un mantra: “Pacificar el país”. Esa declaración de intenciones choca con unas decisiones que han elevado la tensión en las protestas. Jeanine Áñez, la mandataria que sucedió a Evo Morales sin el apoyo de la mayoría del Parlamento, firmó un decreto que exime de responsabilidad penal a los militares desplegados en las movilizaciones. Su equipo asegura que no es una “licencia para matar”, pero alarmó a los organismos internacionales.

La orden, que regula la intervención de las Fuerzas Armadas al lado de la Policía en las calles del país, fue emitida el viernes, el mismo día en que al menos nueve manifestantes fallecieron a manos de uniformados en un enfrentamiento en una zona cocalera cercana a la ciudad de Cochabamba. “El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública”, se lee en el Artículo 3 del decreto 4078, “estará exento de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actué en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia a los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”. El Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del expresidente Morales, anunció este domingo un recurso de inconstitucionalidad. “Queremos informar de que en el marco de la normativa vamos a presentar un recurso al Tribunal Constitucional Plurinacional para que esto [el decreto] se declare inconstitucional”, señaló la diputada Sonia Brito, según informa la agencia boliviana Fides

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