Es decir, la Fiscalía en base a las denuncias que se presentan, se enmarca en la tarea de colectar elementos e indicios sobre la supuesta comisión de los hechos punibles de Adquisición Fraudulenta de Subvenciones, Declaración Falsa y Estafa, tipificados en los artículos 262, 243 y 187 del Código Penal en concordancia con el artículo 29 inc. 1° del mismo cuerpo legal.

Respecto a la investigación fiscal, ya fueron imputadas 5 personas quienes no reunieron los requisitos legales y a pesar de esto se presentaron como potenciales beneficiarios en el proceso de inscripción del formulario digital en el referido programa.

Los requisitos para acceder al beneficio económico son los siguientes: Tener dieciocho (18) años de edad cumplidos a la vigencia de la Ley o más, der de nacionalidad paraguaya natural o naturalizada, fijar domicilio en el territorio paraguayo, haber completado el formulario establecido para la postulación, el cual tendrá carácter de Declaración Jurada, no cotizar, ni ser jubilado o pensionado de ninguna entidad pública o privada de Jubilaciones y Pensiones, no ser contribuyente del Impuesto a la Renta Personal (IRP), no percibir ingresos provenientes del Sector Público, tales como sueldos, jubilaciones, pensiones, transferencias de algún Programa de Asistencia Social del Estado, conforme al alcance de este Decreto y las reglamentaciones correspondientes, con relación a los miembros del hogar, y Aceptar las obligaciones establecidas en la Ley N°. 6524/2020 y la reglamentación para el otorgamiento del subsidio.

El Poder Ejecutivo, el 29 de abril último, promulgó la Ley N° 6524/2020 “Que declara Estado de Emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay ante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del Covid-19 o Coronavirus y se establecen medidas administrativas, fiscales y financieras”. La disposición legal establece en su artículo 2do.:”…Autorizase al Poder Ejecutivo a implementar por el presente Ejercicio Fiscal medidas excepcionales de carácter presupuestario, fiscal y administrativo, de protección del empleo y de política económica y financiera, a fin de mitigar o disminuir las consecuencias de la pandemia del COVID-19 o Coronavirus, fortalecer el sistema de salud, proteger el empleo y evitar el corte de la cadena de pagos.

Fuente Fiscalía