Gentileza.

“Hicimos varios análisis de los contratos, separamos en grupos, el más urgente eran aquellos contratos pendientes que ya fueron firmados por las partes, algunos de ellos ya ejecutados inclusive, en parte de ellos encontramos irregularidades que no correspondían a decisiones unilaterales por las consecuencias jurídicas que pueda acarrear esto”, informó Giuzzio este viernes.

Sobre el punto, detalló que fueron analizados unos 32 procesos cuyas irregularidades se hicieron notar y fueron elevados al ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, para tomar la decisión correspondiente. «En muchos de los casos ya son bienes instalados como oxígenos y sistemas para el análisis del covid, depende ya del Ministerio de Salud ubicarlos», indicó.

Giuzzio consideró que la urgencia para la adquisición de insumos o equipos en aras de hacer frente a la pandemia no puede ser excusa para una implementación irregular de procesos de compra, ni utilizarse para tapar acciones negligentes en nombre de la cartera sanitaria

En ese orden, manifestó que tras detectar cuestiones “muy desprolijas” se sugiere al Ministerio de Salud Pública anular la gran mayoría de los procesos.

Entre las observaciones expuestas figuran: la inconsistencia en las fechas de designación de miembros del Comité de Evaluación con el acta de inicio del mismo Comité. El incumplimiento de condiciones legales y técnicas del PBC por lo que no se ajustan a los requerimientos exigidos.

Además de la inobservancia del articulo 40 de la ley 2051 referida a la participación limitada de empresas y personas vinculadas entre sí. Se observó que, a pesar de encontrarse en mora, según datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, seguían participando de llamados.

Así como la falta de criterio para la fijación de precios referenciales, para el efecto se requiere de una mejor metodología y la adopción de una política de fijación de precios, a futuro.

“El algunos casos consideramos que en algunos casos no corresponde el uso del concepto de Urgencia Impostergable ni el código covid-19 por no ajustarse a la esencia de ambos. Se advirtieron dictámenes sin fundamento técnico y falta de atención a las consultas de la DNCP”, añadió.

En otro momento, el secretario de Estado aclaró que la cartera sanitaria no realizó pagos, salvo el adelanto en el Llamado N°36/2020 para la adquisición de insumos y camas que fueron rechazados por el Ministerio por no cumplir con las especificaciones técnicas requeridas. «Ninguna de estas 32 empresas, salvo las ya rescindidas han recibido dinero», subrayó finalmente

Fuente Ñanduti