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Durante una conferencia de prensa realizada este viernes en la sede de la Cancillería Nacional, las autoridades del Poder Ejecutivo anunciaron el veto al proyecto de ley N° 6640/2020 “Que incorporara los gastos socioambientales de las Entidades Binacionales Itaipu y Yacyretá, lado paraguayo al Presupuesto General de la Nación”.

Al respecto, el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, aseguró de manera tajante que el proyecto de ley impulsado por el Congreso Nacional va en contra de los acuerdos internacionales y de la estructura de gastos prevista, que forman parte del convenio internacional.

Recordó que los acuerdos de este tipo ocupan un lugar preponderante en el marco del sistema jurídico y está por encima de las leyes de la República.

“Esa  estructura jurídica obliga a reconocer que los componentes de los anexos A y C que hacen a los gastos de mantenimiento, a las inversiones necesarias y a los socioambientales reconocen y es de igualdad”, explicó.

En ese sentido, señaló que modificar unilateralmente la estructura de los Anexos, autoriza a la otra parte a hacer lo mismo, es decir a la Argentina y Brasil, países con quienes Paraguay comparte las hidroeléctricas Itaipu y Yacyretá.

«Esto no implica no reconocer que existe una gran preocupación por parte de la sociedad respecto a la discrecionalidad y la transparencia, ambos aspectos constituyen piedra angular de la preocupación del presidente de la República y del Poder Ejecutivo”, aseguró.

Sostuvo que la intención del Ejecutivo no es obstaculizar el acceso a la información por parte de la ciudadanía, del modo en que se toman las decisiones y del uso de los recursos, sino por el contrario, fortalecerlos.

Medidas internas para velar por la transparencia

En relación a los saldos no comprometidos en el marco de este dinero, el presidente planteó una activa participación de la Dirección de Contrataciones Públicas en los procesos licitatorios para velar por la transparencia, mediante un acuerdo entre la Binacional y la institución beneficiada.

“La falta de respeto a la estructura jurídica por cualquiera de las partes contratantes autoriza a la otra parte a un criterio de acción similar y entonces perderíamos el concepto esencial de entidad binacional que ha sido creado para que ninguno de los sectores tenga una influencia directa, con dominio perteneciente a ambas partes en pie de igualdad y cuyos beneficios deben ser direccionados a ambas partes”, agregó Villamayor.

Herramienta para garantizar transparencia y control de gastos

A su vez, el ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, informó que están trabajando en una herramienta legal para garantizar la transparencia y el control de los gastos socioambientales, sin ir contra el tratado y mantener la institucionalidad.

Explicó que dicha disposición permitirá que tanto las inversiones realizadas por las binacionales para la ejecución de proyectos como la compra de bienes y servicios a distintos organismos del Estado, se incorporen y ejecuten a través del PGN, además de regirse por las aplicaciones legales de la misma.

Dicho mecanismo, según dijo, autoriza a los organismos estatales a la firma de convenios de cooperación con las binacionales, que establezcan el objeto de los mismos y los recursos a ser utilizados, posteriormente a su incorporación al Presupuesto, particularmente al de la institución firmante.

“El uso de estos recursos estarán limitados a lo que se establezcan dentro de estos convenios que deben establecer de manera explícita la cantidad de bienes y servicios que serán provistos a cada uno de los organismos del Estado, quienes lo ejecutarán dentro de lo que establezcan sus presupuestos y conforme a las disposiciones legales”, exteriorizó.

Millonarias inversiones para cubrir necesidades de la gente 

Por otro lado, el ministro Villamayor brindó un informe detallado acerca del destino de los recursos de las binacionales, de agosto del 2018 hasta la fecha.

Sobre el punto, se destaca la inversión de más de 60 millones de dólares para el mejoramiento del sistema de salud, así como otros 20 millones de dólares que fueron destinados para la lucha contra el coronavirus.

Además de 60 millones de dólares para el impulso de obras emblemáticas de infraestructura, entre las que figura el Puente de la Integración, el Multiviaducto de Ciudad del Este, y otros 25 millones de dólares para el refuerzo del sistema eléctrico

Fortalecimiento del sistema de agua potable y de la agricultura familiar, así como la renovación de infraestructuras edilicias de escuelas y colegios, fueron otro de los aspectos en donde Itaipu y Yacyretá concentraron sus esfuerzos, para cubrir las necesidades prioritarias de la gente.

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