Durante una jornada de Casas de Justicia Móvil en la Comunidad Indígena PikyKua, departamento de Amambay, los pobladores accedieron a los servicios de varias instituciones que se trasladaron hasta la zona en el Marco del Programa Nacional de Casas de Justicia, quienes realizaron 770 atenciones en el lugar.

El Ministerio de Justicia informó que el programa Casas de Justicia Móvil, que es una política pública que implementa la cartera a través de la Dirección de Acceso a la Justicia, realizaron un total de 770 atenciones dentro de la comunidad indígena PikyKua, que está en el departamento de Amambay.

Este plan se creó con el fin de acercar los servicios que brinda el Estado a las comunidades más alejadas y vulnerables. La iniciativa también ofrece servicios de mediación y asistencia legal gratuita.

Edgar Taboada, Viceministro de Justicia expresó que las atenciones brindadas permitieron el acceso a derechos fundamentales y agregó que la jornada también permitió regularizar las documentaciones de los alumnos de la escuela de dicha comunidad, a fin de que los mismos puedan ingresar en el sistema Registro Único del Estudiante (RUE) en el cual MEC lleva el control del proceso educativo.

“Los miembros de esta comunidad están accediendo hoy a derechos fundamentales mediante el Programa Casas de Justicia y el apoyo de varias instituciones que trasladaron sus servicios hasta aquí. El estado está marcando presencia en las zonas más alejadas y vulnerables del país”, acotó.

Durante la jornada se contó con el servicio del Registro del Estado Civil que se encargó de expedir certificados de nacimiento, el Departamento de Identificaciones con trabajos de cedulación, el Instituto Paraguayo del Indígena que hizo entrega del Carnet Indígena y la Dirección de Acceso a la Justicia con Orientación Legal.

También se entregaron donaciones de materiales didácticos y libros a la Escuela N° 15403 de la Comunidad Indígena de Pikykua.

De esta manera el programa Nacional de Casas de Justicia política pública impulsada desde esta cartera de Estado cumple en apoyar y colaborar con los planes y programas del Gobierno a fin de mejorar los mecanismos de acceso a la Justicia y protección de los Derechos Humanos en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos.