Gentileza.

El funcionario de la citada cartera estatal señalo ante la fiscala Natalia Fúster que realizó el informe donde se pudo constatar que 22 inmuebles que fueron entregados a extranjeros están dentro de la franja de seguridad fronteteriza. Con la declaración del funcionario de la referida cartera estatal se complica la situación de la magistrada Irún quien ya  podría ser imputada por el Ministerio Público. 

Zárate Pastor manifestó en su declaración que “Para la elaboración del informe se tuvo en cuenta el archivo obrante en la comisión de seguridad fronteriza. Los datos generales se encuentran informatizados en un sistema de información geográfica y se tiene impreso los antecedentes de cada inmueble que se encuentra en zona de seguridad fronteriza”.

Ante la consulta de la fiscalia sobre si las documentaciones presentadas por la Asociación Espiritu Santo para la Unificación  del Cristianismo Mundial han sido corroboradas por funcionarios de la Cizosef, el funcionario señalo “El expediente fue remitido al departamento de trabajo de gabinete de la comisión, posteriormente verificado y comparado con los datos existentes arrojando como resultado los datos que se adjuntó a la planilla del informe presentado a la fiscalía” expreso.

Agrego sobre la función de la Cizosef “la CIZOSEF es la comisión encargada de hacer el inventario de los inmuebles afectados por la ley N° 2532/05 de seguridad fronteriza. La comisión esta compuesta por varias instituciones como Indert, Catrasto y otra dependencias del Ministerio de Defensa” indicó.

Denuncia Penal

El abogado José Domingo Almada, en representación de Evaristo Fernández, presentó una denuncia penal en sede del Ministerio Público por violar la ley de soberanía y prevaricato (desconocimiento de la ley) contra la jueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Tania Irún.

Los denunciantes sostienen que la criticada magistrada actuó en total desconocimiento de la ley en el expediente judicial caratulado “Cusabo Limited y otros c/ Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial s/ cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública”, al hacer lugar al referido juicio otorgando 310 mil hectáreas ubicadas en zonas fronterizas en el Alto Paraguay a empresas extranjeras que serían offshore.

El escrito de la denuncia señala que la resolución judicial firmada por la magistrada Irún viola expresamente la Ley 2.532/2005 que regula la zona de seguridad fronteriza “y es importante hacer notar que dicha norma fue sancionada y promulgada a fin de preservar la demarcación territorial y prevenir la ocupación u obtención de dichas tierras justamente por parte de personas físicas o jurídicas, ya que se encuentran en zonas limítrofes”. El documento explica que dichas zonas son demarcadas por el Ministerio de Defensa Nacional, y tal situación también se anota en la Dirección de Catastro y en los Registros Públicos.