Gentileza

Ramírez fue contundente al señalar que “En cuanto al primer punto, que compete a la redacción de la resolución, efectivamente se observa que la jueza había redactado y hecho la sentencia cuando estaba con permiso, y lo que resta saber si había utilizado la computadora del juzgado, cuyo informe pericial aún no se encuentra y por lo que pido para mejor proveer se tengan dicha pericia para luego dictar sentencia”, indico la fiscal acusadora.

Con respecto al segundo punto del enjuiciamiento de Irún sobre la fundamentación aparente al dictar la sentencia la fiscal acusadora refiere que “Esta en vigencia lo establecido en la ley 2532/05 que indica que no podrán darse en pagos, transferencias o condominios, inmuebles que se encuentran en la zona de protección fronteriza a personas extranjeras de nacionalidad de países limítrofes al territorio Nacional o personas jurídicas de la misma índole y de acuerdo a la Dirección de Catastro, al menos diez terrenos están la zona de seguridad fronteriza”, manifestó Ramírez.

 “En cuanto a la nacionalidad de los acreedores, no se encuentran en ninguna de las fojas de los distintos tomos del expediente sobre el origen de los mismos, sin embargo, la magistrada asegura que no son de los países limítrofes, haciendo de esta manera una fundamentación aparente, no contando con el aval probatorio, por lo que estamos ante una inobservancia del debido proceso, por lo que corresponde una sanción por parte del JEM, por mal desempeño de funciones”, explico de forma contundente la fiscal acusadora Carmela Ramírez.

Ahora los integrantes del JEM tiene vía libre para poder resolver el presente enjuiciamiento y de acuerdo a lo manifestado por la encargada de evaluar la actuación de la jueza Irún la misma podría ser destituida de su cargo tras comprobarse el mal desempeños en sus funciones al violar claramente la ley N° 2532/05 sobre seguridad fronteriza.