Odilio Sánchez Ayala, conductor del camión y hermano del intendente de exPuensetiño, Gabriel Sánchez.

La representación fiscal aguarda la decisión de la Cámara de Apelación de la Circunscripción de este departamento, contra la medida otorgada a Arístides Aranda Rojas, quien el viernes 27 de noviembre fue beneficiado con la prisión domiciliaria, concedida por la jueza Penal de Garantías de Tercer turno de Concepción, María Petrona de Giacomi. El fiscal Morales señala que Aranda Rojas sería el líder de la turba, fue detenido y puesto a disposición de la justicia e imputado por la comisión de los hechos punibles de frustración a la persecución penal, liberación de personas vinculadas al narcotráfico, coacción grave y perturbación a la paz pública.

Igualmente, la representación fiscal imputó y pidió la prisión de Odilio Sánchez Romero. Asimismo ya están imputados; Alfredo Mateo Zavala Alcaraz, Avelina Arévalos Rodas y Justiniano Balbuena Cantero, quienes se presentaron en forma voluntaria y obtuvieron medidas sustitutivas. Todos deben responder por la presunta comisión de los hechos punibles de perturbación de la paz pública y coacción grave.

Morales procesó y pidió la prisión de Vidal Benítez Alfonso como presunto autor de los hechos punibles de frustración a la persecución penal, liberación de personas vinculadas al narcotráfico, coacción grave y perturbación a la paz pública. Éste, fue detenido en la madrugada del sábado anterior por una comitiva de agentes policiales de la Comisaría n.° 7, de la localidad de Yby Ya’ú. También están bajo imputación, por el hecho punible de perturbación de la paz pública adolescentes quienes se presentaron voluntariamente ante la Justicia y puestos a cargo del Juzgado Penal de la Adolescencia.

Una comitiva fiscal y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) había confiscado la "mercancía" oculta entre madera en un camión y detuvo a Odilio Sánchez, quien resultó ser hermano del intendente de la referida localidad. Luego, los agentes que hicieron la intervención fueron forzados por un grupo de aproximadamente 200 personas, para que liberen el cargamento ilícito y del aprehendido en ese momento. Tras el hecho, la representación fiscal presentó la denuncia contra personas innominadas, por la comisión de los hechos punibles de posesión de drogas peligrosas, coacción grave, robo agravado, amenaza y asociación criminal. Asimismo, solicitó la colaboración de la Policía Nacional para identificar a las personas que en forma ilícita liberaron la droga y a Sánchez, sobre quien pesa una orden de detención.