Imagen ilustrativa. GENTILEZA

En los próximos días el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) deberá tomar intervención en la acusación por supuesto mal desempeño de funciones contra los camaristas Miguel Rodas, Stella Marys Zarate y Antonia López. Recordemos que estos magistrados habían confirmado la sentencia de sesión de tierras protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza a empresas offshore de paraísos fiscales, resolución que le costó el cargo a la exjueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Tania Carolina Irún.

En noviembre del 2021 la representante del Poder Ejecutivo ante el JEM, Mónica Seifart, había votado por absolver a Tania Irún, incluso a pesar de que destacados ministros de la Corte Suprema de Justicia, como Manuel de Jesús Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera, hayan sustentado que debía de ser removida por mal desempeño.

Es relevante tener en cuenta que se trata de un litigio de tierras donde están en juego propiedad por valor de USD 500 millones, además de la soberanía nacional al ser parcelas del Chaco protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza.

Otro de los elementos importantes a señalar es que, la parte afectada, que es la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, a través de su representante, Jorge Rolón Luna, había denunciado una serie de irregularidades en la causa ante la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac). Si bien no tiene jurisdicción, es articulador central de la política anticorrupción del Estado, y a su vez que el Ejecutivo en algún momento tendrá que tomar intervención a la hora de la inscripción irregular de las tierras, por lo que en abril la Secretaría Nacional Anticorrupción tomó la determinación de remitir los antecedentes de una denuncia ante el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia. El documento detalla actuaciones presuntamente irregulares y contrarias a las normas jurídicas.

Es en este escenario donde la actuación en este nuevo proceso ante el JEM, contra los camaristas que confirmaron el cuestionado fallo de sesión de tierras a supuestas empresas de maletín, donde la actuación de Mónica Seifart debe de ser atendida, sobre todo teniendo en cuenta su rol como representante de un poder del Estado ante el órgano extrapoder, y sus aspiraciones profesionales.

IMPUTACIÓN

Un elemento central a tener en cuenta también, comparando siempre con las actuaciones de la representante del Ejecutivo ante el JEM, es que tanto el Jurado, como incluso el pleno de la misma Corte Suprema de Justicia, han rechazado los recursos de reposición de la Tania Irún.

Un dato no menor es que Mónica Seifart votó por salvar a la exjueza, que al día de hoy se encuentra imputada por otro órgano extrapoder como lo es el Ministerio Público. Recordemos que la agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Natalia Fuster, imputó a la exjueza por los hechos punibles de prevaricato.

En ese sentido, la comunidad jurídica estará en alerta al actual de Seifart en el estudio de la acusación contra los camaristas que confirmación la sentencia de la ahora imputada exmagistrada, que también tienen sus peros en otras actuaciones.

ANTECEDENTES

El cyberactivista Alfredo Guachiré denunció en un hilo en Twitter algunos llamativos antecedentes de los camaristas Miguel Ángel Rodas, Antonia López y Stella Maris Zarate. 

“El magistrado Miguel Ángel Rodas tiene tres denuncias ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por mal desempeño en sus funciones en dos casos de desalojo y en varias otras causas cuando se desempeñaba como juez en lo civil y comercial”, señala el activista.  

Agrega que en el caso de la magistrada Antonia López de Gómez tiene 4 denuncias ante el Jurado de Enjuiciamiento. Según un expediente judicial, Antonia López fue denunciada por mal desempeño en un caso de juicio ejecutivo, en otro caso fue denunciada por la cámara de senadores, entre otras. 

Además, de Stella Maris Zárate revela que también tiene denuncias por mal desempeño en sus funciones ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en un caso de indemnización como miembro de la primera sala del tribunal de apelación. 

“Este hecho no solamente es reprochable por su ilegalidad y por el mal desempeño en sus funciones de los magistrados, incluso supone un riesgo a nuestra propia soberanía. De inmediato los magistrados deben ser procesados”, remarca el investigador.  

APLAZADA 

El Consejo de la Magistratura dio a conocer los resultados de los exámenes de conocimiento en el marco del proceso de conformación de ternas para ocupar cargos vacantes en el Poder Judicial. Lo llamativo es que la magistrada y miembro del Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Asunción, Stella Maris Arminda Zarate González, apenas logró hacer 56 puntos de 100 en el examen de conocimientos. 

Según el Reglamento que establece los criterios de selección, evaluación de méritos y aptitudes para la elección de postulantes y para la conformación de ternas por el Consejo de la Magistratura, los titulares de los cargos que vuelvan a concursar para el mismo cargo, por fenecimiento del plazo de su mandato constitucional respectivo, deberán de rendir un examen con puntaje total de 100 puntos y una evaluación de gestión de 200 puntos. 

La jueza Zarate apenas logró los 56 puntos en el examen de conocimientos. Un dato no menor es que el reglamento establece que el titular deberá alcanzar el 70% del puntaje total del examen y de la evaluación. 

Según publicaciones periodísticas, Stella Maris Arminda Zarate González es una de las camaristas que ayudó a blanquear al senador colorado Javier Zacarías Irún en el 2019 en una causa por enriquecimiento ilícito. 

El Ministerio Público había solicitado una reapertura de la causa contra el capo esteño, cuando el juez Penal de Garantías, Marino Méndez, supuesto allegado al Clan Zacarías, rechazó el pedido. La Fiscalía apeló, pero el Tribunal de Apelaciones, Stella Maris Zarate, y sus colegas Isidro González y Mirian Meza, rechazaron el pedido. 

Otro de los hechos cuestionados de la jueza aplazada es que en el 2021 dio un duro golpe contra la política de transparencia, ya que siendo camarista del Tribunal de Apelaciones rechazó el pedido para que la Itaipú Binacional informe detalladamente sobre las sesiones del Consejo de Administración desde el 15 de agosto del 2018. 

El juez en lo Civil José Guillermo Trovato había emplazado a la binacional, pero Itaipú apeló, y la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, integrada por las camaristas Valentina Núñez, Antonia López de Gómez y Stella Maris Zárate, rechazó la medida.