Imagen ilustrativa. GENTILEZA

Ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público se presentó la exjueza en lo Civil y Comercial, Tania Irún, quien está imputada por el hecho de prevaricato. La misma fue convocada a una audiencia indagatoria por Natalia Fuster (fiscal original de la causa), pero la diligencia no se pudo desarrollar porque la defensa de la procesada recusó ayer a la agente fiscal.

Para que se puede desarrollar la audiencia, la Fiscalía General del Estado había designado como fiscal interino a Francisco Cabrera, pero este solicitó la suspensión en vista que ya tenía agendado para este miércoles un juicio oral y público.

Sin embargo, ya se fijó una nueva fecha para desarrollar la segunda audiencia indagatoria de Tania Irún. La segunda convocatoria agendada por el fiscal Cabrera es para el miércoles 20 de julio a las 08.30 de la mañana.

Irún había sido removida del cargo de jueza por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por supuesto mal desempeño de funciones al ceder 310 mil hectáreas de tierras a cuatro empresas offshore de paraísos fiscales, y que estaban bajo protección de la Ley de Seguridad Fronteriza.

El abogado defensor de la exjueza, abogado Rodrigo González Planas, señaló que no entiende el motivo por el cual su cliente vuelve a ser llamada a indagatoria, puesto que no hay hechos nuevos.

“Nos llamó la atención (la nueva audiencia convocada) porque la doctora Irún ya declaró y no hay nada nuevo en el expediente. Lo que hay de nuevo son los estatutos de las firmas donde consta que no existe la posibilidad que tengan acciones al portador, que era uno de los hechos que supuestamente violaba la Ley de Seguridad Fronteriza”, comentó el abogado.

Además, añadió que “se debería pedir el sobreseimiento definitivo en el acto”.

Por su parte, el doctor Osvaldo Bittar, representante de la Asociación del Espíritu Santo, propietarias de las 310 mil hectáreas en disputa con las empresas de maletín, remarcó que lo dicho por la defensa de la exjueza se contradice con los documentos obrantes en la carpeta fiscal.

“Está la constitución de estas empresas. Son empresas que fueron constituidas con un capital no mayor a mil euros y hoy dicen ser propietarias de 312 mil hectáreas de tierras en el Chaco paraguayo (valorizadas en 500 millones de dólares)”, remarcó Bittar.

Además de explicar que las acciones son al portador, refirió que “en el supuesto de que sea como dice el abogado defensor de Tania Irún, que son acciones nominativas y empresas bien constituidas y rastreables, se tuvo recién en la investigación fiscal, esto nunca tuvo Irún en el expediente civil al momento de dictar el fallo”.

Por lo tanto, dictó un fallo en desconocimiento a quienes verdaderamente transferiría esas tierras, recalcó Bittar.

IMPUTACIÓN

El 31 de enero de 2022 la Agente Fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción N° 3, y de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo N° 4, Natalia Fuster, presentó imputación contra Tania Carolina Rosa Irún Ayala (44) por el supuesto hecho punible de prevaricato.

Según el acta de imputación, la sentencia habría sido dictada por la jueza Tania Irún quien no habría corroborado los datos precisos de la identidades; nacionalidades de los representantes legales así como tampoco se habría tenido en cuenta la calidad de las acciones o títulos (si los mismos eran nominativos o al portador) de las firmas CUSABO LIMITED, KYVELORIA LIMITED, ELITE KINGDOM INVESTMENTS LIMITED y FIRSTAR INVESTMENTS LIMITED, en incumplimiento a lo establecido en la Ley Especial N° 2532/05 de Seguridad Fronteriza de la Republica del  Paraguay.

La Fiscalía sostiene que la exjueza debía tener conocimiento de los datos mencionados precedentemente a fin de confirmar o descartar lo establecido en la ley N° 2532/05, ya que los inmuebles que son objeto del juicio, se encuentran ubicados en la Zona de Seguridad Fronteriza, de acuerdo a las constancias que obran en el cuaderno de investigación fiscal y el expediente civil; como ser informes del Ministerio de Defensa Nacional, la Comisión Interinstitucional de Zona de Seguridad Fronteriza, la Secretaria Nacional de Catastro y la Dirección General de Registros Públicos.

Tras analizar todos los antecedentes, la fiscal Natalia Fuster presentó imputación contra la exjueza por el hecho punible de prevaricato en calidad de autora. La representante del Ministerio Público solicitó al Juzgado la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva para la imputada, y algunas reglas como prohibición de salir del país; presentarse a firmar el libro de Comparecencia del Juzgado dentro de los primeros cinco días de cada mes; residir en un lugar determinado; y una caución real suficiente.