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El ministerio público presentó su escrito de acusación ante el juzgado que instruye el caso, después de que la Audiencia de Barcelona avalara que debe ir a juicio, ante los indicios de que desde 2012 residía en España y, por lo tanto, estaba obligada desde entonces a tributar en este país.

La artista colombiana, que ya ha devuelto los 14,5 millones que le exigía la Agencia Tributaria española y otros tres de intereses -lo que no impide que se siente en el banquillo-, está encausada a raíz de una querella que la Fiscalía de Barcelona presentó contra ella por seis delitos contra la Hacienda pública.

El pasado miércoles, la agencia de comunicación de la cantante anunció que Shakira había rechazado el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía para evitar ser juzgada, dado que confía “plenamente” en su inocencia.

Su equipo legal mantuvo conversaciones con la Fiscalía de Barcelona para alcanzar un acuerdo que rebajara la pena que podría corresponderle, pero decidió rechazar la última oferta del ministerio público.

En un comunicado, Shakira aseguró que ha optado por “dejar el tema en manos de la ley, con la tranquilidad y la confianza de que la justicia le dará la razón”.

Pese a que acusación y defensa no alcanzaron un acuerdo de conformidad, lo que no habría evitado que Shakira se sentara en el banquillo, la cantante aún podría pactar con la Fiscalía hasta el mismo día del juicio.

Su voluntad siempre ha sido seguir adelante en el proceso penal, sin conformarse con una rebaja de la condena que podría corresponderle, destaca el comunicado.

La Hacienda española reclamó unos 14,5 millones de euros al ver indicios de que en 2012 la cantante ya residía en España y estaba obligada desde entonces a tributar en este país, pero supuestamente ocultó ingresos mediante un entramado con sede en paraísos fiscales.

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