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El Ministerio de Defensa Nacional, a cargo del ministro Bernardino Soto Estigarribia, remitió a la Procuraduría General de la República los antecedentes de la sentencia judicial que ordenó la transferencia de 310 mil hectáreas de tierras del Chaco en favor de cuatro empresas offshore de paraísos fiscales. Las tierras en disputa se encuentran en la zona de Seguridad Fronteriza, protegida por la misma Ley 2532/05.

La remisión de los antecedentes podría generar la impartición de multas para los que actuaron en este proceso.

El artículo 8 de la misma ley menciona: “Los actos jurídicos que contraríen lo dispuesto en esta Ley, serán nulos, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieran corresponderles a los jueces, funcionarios y a los notarios públicos intervinientes.

La nulidad del acto traerá aparejada una multa equivalente al doble del valor de la operación.”

El ministro de Defensa, general (R) Bernardino Soto Estigarribia, con la medida establece como precedente que la sentencia de la ex jueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Tania Carolina Irún, estaría en contravención a la Ley de Seguridad Fronteriza, y ahora con la remisión de los antecedentes la Procuraduría General de la República deberá iniciar un proceso de aplicación de multas de unos US$ 30 millones.

Fuentes judiciales explicaron además que la Procuraduría podría solicitar la nulidad de los fallos judiciales, y derivar en la sanción y multas no solo para la ex jueza de primera instancia, sino también para los miembros del Tribunal de Apelaciones y los ministros de la Corte Suprema de Justicia que avalaron el fallo, entre ellos el cuestionado Antonio Fretes.