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Este estado de excepción se aprobó originalmente a finales de marzo de 2022 tras una escalada de asesinatos atribuida a las pandillas y que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días.

La solicitud de la ampliación fue presentada por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, y fue aprobada por los legisladores del partido oficialista Nuevas Ideas (NI) y sus aliados con 67 votos de los 84 diputados.

La extensión de la medida se aprobó, como en otras oportunidades, sin un estudio o debate legislativo.

Las garantías constitucionales suspendidas por este régimen de Bukele son el derecho a la defensa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y el plazo máximo de detención provisional de 72 horas.

Antes de la aprobación, el presidente Bukele anunció en Twitter el traslado de 2.000 pandilleros a una nueva prisión de máxima seguridad, con lo que suman 4.000 reos en el recinto que, según el mandatario, es la “más grande de toda América”.

“Este día, en un nuevo operativo, trasladamos al segundo grupo de 2.000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot)”, publicó el mandatario en Twitter.

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