Gentileza

La parlamentaria por Partido Encuentro Nacional (PEN) Kattya González cuestionó que el parlamentario ahora desaforado se haya declarado en inimputable y jactado de doble inmunidad por ser diputado actual y senador electo.

Los diputados cartistas se pronunciaron en la víspera en contra de la prisión preventiva que solicitó el Ministerio Público con su imputación, ya que advierten que solamente le retirarán la inmunidad del presente periodo, que finaliza el 30 de junio.

"Es importante dejar por sentado algunos puntos que, desde el punto de vista pedagógico y registros parlamentarios, y entender que los fueros parlamentarios de ninguna manera implica impunidad. La inmunidad parlamentaria es una institución que protege a los congresistas. Pero, protege nuestro derecho a opinar, debatir y defender determinados intereses", argumentó la parlamentaria encuentrista.

En el mismo sentido se posicionó la diputada por el Partido Patria Querida (PPQ) Rocío Vallejo, quien se ratificó en que correspondía retirar la inmunidad a Erico Galeano para que se pudiera someter al proceso investigativo abierto en su contra "como todo ciudadano".

El diputado colorado fue imputado por los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak.

Uno de los argumentos que sostiene su imputación es que tendría vínculos con el supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, recientemente extraditado al país, ambos investigados en el marco del operativo A Ultranza.

De acuerdo con los primeros informes del operativo A Ultranza, Marset cuando se radicó en Paraguay jugó en el club Deportivo Capiatá hasta mayo del 2021 pagando USD 10.000 supuestamente para usar la camiseta del número 10 bajo la presidencia en ese entonces de Erico Galeano.

Asimismo, menciona que un inmueble situado en Altos, en el condominio Aqua Village, que no fue incluido en su declaración jurada siendo ya diputado en 2018, fue comprado por USD 21.599 en febrero de 2013 y luego vendido en 2020 por USD 1 millón.

Presumiblemente, el contrato de la adquisición fue simulado a nombre de Hugo González Ramos (también imputado por narcotráfico y asociación criminal en la causa A Ultranza), pero el verdadero comprador habría sido Miguel Ángel Insfrán.

uhora