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La Fiscalía, a través de los agentes Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción y de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, respectivamente, formularon esta madrugada acusación y solicitaron apertura de juicio oral contra el senador desaforado Erico Galeano por la comisión de los hechos punibles de asociación criminal y lavado de activos provenientes del tráfico de cocaína, en una causa derivada del caso “A Ultranza Py”.

Los fiscales afirman que se pudo determinar la participación del senador desaforado y su vinculación con el esquema criminal liderado por Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias “Tío Tico”, y el uruguayo Sebastián Marset Cabrera y demás identificados en el operativo “A Ultranza Py”.

Galeano brindó logística al esquema criminal dedicado al tráfico de cocaína y colaboró en el lavado de dinero producto del narcotráfico, según menciona el escrito.

En el documento se menciona que la relación entre Galeano y los presuntos narcos Marset y “Tío Rico” “no es casualidad”, tal como quiso sostener la defensa del cartista.

Relación entre Erico Galeano y presuntos narcos
El acusado brindó apoyo logístico al grupo criminal al poner disposición su aeronave, inscrita a titularidad de su empresa Alpina SA, para que los miembros de la organización narco puedan trasladarse dentro del país, luego de que estos quedaran sin su flota aérea -propiedad de “Tío Rico”-, como consecuencia de un allanamiento realizado en el aeródromo Arrayán, ejecutado el 8 de octubre de 2020 por el entonces fiscal Marcelo Pecci.

“Dicha situación no puede ser considerada, razonablemente, como una mera ‘casualidad’, sino que -en realidad- existe una causalidad entre Erico Galeano y las actividades ilícitas desarrolladas por los citados”, refiere el documento.

“En el momento exacto en el que el grupo criminal se quedó sin su flota de aeronaves, los principales integrantes de la agrupación ilícita inmediatamente acudieron a Erico Galeano para utilizar su medio de transporte -y no a una empresa prestadora de servicio de aerotaxi, legalmente inscripta en dicho rubro-, con el cual pudieron lograr mantener la planificación para la ejecución del tráfico ilícito de clorhidrato de cocaína, sin necesidad de interrumpirla”, agrega.

La relación existente entre Galeano y Marset “tampoco se simplifica en una casualidad”, ya que en el informe remitido por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) se desprende que el senador desaforado fue miembro de la Directiva del Club Capiatá (2016-2022) cuando el uruguayo era parte del plantel del equipo de primera división (2021), conforme hicieron constar los agentes del Ministerio Público.

Aeronave no estaba inscripta para taxi aéreo
La Fiscalía, asimismo, refutó la hipótesis defensiva planteada por la defensa del acusado que supuestamente justificaba el transporte de estas personas en su aeronave, pues señala que la Dirección de Aeronáutica Civil (Dinac) informó que dicha avioneta no estaba inscripta como taxi aéreo y esto fue corroborado con las actividades comerciales declaradas por el legislador cartista ante la -entonces- Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).

Lavado de dinero
También los fiscales sostienen que el senador desaforado recibió la suma de US$ 1.000.000 en efectivo por parte del esquema criminal, a sabiendas de que provenía del narcotráfico de cocaína. Además, ejecutó la venta de su inmueble de Aqua Village con Hugo Manuel González Ramos, considerado testaferro de “Tío Rico”.

“Colaboró con la transacción de compraventa de su inmueble de Aqua Village, con la cual le facilitó a uno de los líderes del grupo criminal la posibilidad de convertir su dinero proveniente del narcotráfico en un bien inmueble y, a la postre, el acusado obtuvo ganancias asequibles para él, atendiendo a la característica de su comprador, cuyo ingreso posteriormente lo utilizó para insertar dentro del sistema económico y financiero nacional”, menciona el escrito.

“En concreto, con la citada operación de compraventa del inmueble, se logró insertar más de US$ 1.000.000 proveniente de las ganancias que Miguel Ángel Insfrán obtuvo del tráfico internacional de cocaína, quien adquirió bienes por interpósita persona, a nombre de Hugo Manuel González Ramos”, acota.

El pedido de elevación del caso a juicio oral y público quedó a cargo del juez penal de Garantías contra el Crimen Organizado Osmar Legal, quien tiene tres días para recibir toda la documentación obrante y expedirse si admite o rechaza el requerimiento conclusivo para luego fijar fecha de audiencia preliminar.

abc