Gentileza

La Cámara de Diputados aprobó una resolución instando a la Procuraduría General de la República, al Ministerio de Defensa Nacional y al Poder Judicial a proteger el patrimonio del Estado paraguayo en relación con la donación de tierras de Puerto Casado, conforme a la Ley Nº 3294/2007. Estas tierras, donadas por la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial y la empresa Atenil S.A., están envueltas en un prolongado litigio que afecta el acceso a la tierra por parte de los habitantes de Casado.

Ante la complejidad del conflicto de tierras en Puerto Casado, los diputados exhortan a los poderes del Estado a hacer valer las normativas legales que permitan concretar la donación aprobada en la Ley 3294/2007. Dicha ley establece que las tierras donadas deben ser transferidas al Estado paraguayo, que a su vez debe otorgar los títulos a los residentes de la zona.

El proyecto aprobado en la Cámara Baja subraya que, aunque la donación fue aprobada, una de las empresas donantes fue condenada en un controvertido juicio civil a traspasar los terrenos a compañías registradas en paraísos fiscales.

Antecedentes

En 2022, el Ministerio de Defensa Nacional ya había remitido los antecedentes del caso a la Procuraduría General de la República. No obstante, hasta la fecha, el ministro Oscar González Cañete y el procurador Marco Aurelio González no han tomado las acciones necesarias para hacer cumplir las sanciones estipuladas para los funcionarios judiciales y registrales que actúen en contravención de la Ley de Seguridad Fronteriza.

Además, según los informes de la Comisión Interinstitucional de la Zona de Seguridad Fronteriza (CIZOSEF), las tierras involucradas en la cesión a empresas de maletín ubicadas en paraísos fiscales se encuentran dentro de la zona de seguridad fronteriza, protegida por una legislación especial.

El proyecto de declaración aprobado por la Cámara de Diputados también expresa preocupación por la posible complicidad de jueces que puedan formalizar escrituras de traspaso sin respetar la Ley de Seguridad Fronteriza o la Ley de aceptación de la donación. Esto podría llevar a nulidades que violarían abiertamente estas normativas.

Fuentes legislativas han señalado que 11 de las 26 fincas en disputa están incluidas en las tierras que, por ley, deben ser donadas, permitiendo que los habitantes de Casado, después de tantos años, se conviertan en los legítimos propietarios de sus tierras.