Senadora Noelia Cabrera. GENTILEZA

Los senadores Noelia Cabrera y Édgar López, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), fueron los parlamentarios que presentaron el proyecto que exhorta al Poder Ejecutivo, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa y la Corte Suprema de Justicia a resguardar el patrimonio del Estado paraguayo. Este asunto está vinculado a una donación aceptada por la Ley N° 3294/2007 y pretende garantizar el cumplimiento de la Ley N° 2532/2005, que se encarga de regular la seguridad en las fronteras.

La propuesta aprobada por el Senado destaca en su justificación la trascendencia de proteger las tierras donadas por la Asociación Espíritu Santo y la sociedad Atenil S.A., que se encuentran en áreas estratégicas del occidente del país. Aunque no hay barreras legales para la donación de Atenil S.A., los senadores han expresado una seria preocupación en relación con la donación proveniente de la asociación religiosa, dado que ha habido intentos de transferir estas propiedades a firmas en paraísos fiscales a través de procedimientos judiciales considerados irregulares.

Empresas de Islas Vírgenes Británicas y República de Chipre fueron beneficiadas con 310 mil hectáreas, un territorio valorado en 500 millones de USD. La resolución del 2018 fue firmada por la ex jueza Tania Irún.

El actual presidente de la Corte Suprema, Luis María Benítez Riera, había afirmado ante el JEM que la magistrada violó de manera grave la Ley de Seguridad Fronteriza. Además, enfatizó que su sentencia puso en peligro la soberanía nacional.

Los senadores describen la situación como alarmante, ya que las empresas que podrían beneficiarse de estas tierras podrían llegar a ser consideradas "compradores de buena fe", lo que impediría que los terrenos se incorporen al patrimonio público. Esto, además, podría amenazar la soberanía y la seguridad nacional al contradecir las normativas vigentes y afectar la tan ansiada titulación de tierras a favor de los residentes de Puerto Casado.

La resolución exhorta a las instituciones nacionales a actuar de manera firme para evitar que estas donaciones sean manipuladas en perjuicio del Estado, en especial en zonas de seguridad fronteriza, donde la ley prohíbe la tenencia de tierras por extranjeros sin la autorización del Poder Ejecutivo.

Cabrera y López agregan además que la Municipalidad de Puerto Casado ya ha iniciado acciones legales para proteger los derechos sobre estos terrenos, pero que buscan que otras instituciones del Estado sigan el ejemplo y actúen para defender el patrimonio nacional por encima de intereses foráneos que pongan en peligro la soberanía del país y el bienestar de las comunidades afectadas.