La VoZ digital | GAFILAT, Paraguay y las offshore de paraísos fiscales que buscan tierras protegidas del Chaco

2022-09-15 | 06:38

EVALUACIÓN

GAFILAT, Paraguay y las offshore de paraísos fiscales que buscan tierras protegidas del Chaco
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Imagen ilustrativa. GENTILEZA Imagen ilustrativa. GENTILEZA
Cuatro empresas, Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Elite Kingdom Investments Limited y Firstar Investments Limited, buscan quedarse con 310 mil hectáreas ubicadas en zona protegida por la Ley de Seguridad Fronteriza. En el 2018 con un fallo en primera instancia y una confirmación en la Cámara de Apelaciones, las firmas podrían quedarse con propiedades cuyo valor ascienden a USD 500 millones.

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es un organismo intergubernamental establecido en 1989 por los ministros de sus jurisdicciones miembros. Los objetivos del GAFI son establecer estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional. Por lo tanto, el GAFI es un "órgano de formulación de políticas" que trabaja para generar la voluntad política necesaria para lograr reformas legislativas y regulatorias nacionales en estas áreas". (https://www.fatf-gafi.org/home).

El GAFI ha desarrollado una serie de Recomendaciones que son reconocidas como el estándar internacional para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Forman la base para una respuesta coordinada a estas amenazas a la integridad del sistema financiero y ayudan a garantizar la igualdad de condiciones. Emitidas por primera vez en 1990, las Recomendaciones del GAFI fueron revisadas en 1996, 2001, 2003 y más recientemente en 2012 para garantizar que permanezcan actualizadas y relevantes, y que tengan la intención de ser de aplicación universal.

SALVADOS DE LA LISTA GRIS

En junio pasado el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que Paraguay logró evitar ingresar a la lista gris de países con deficiencia en sus sistemas preventivos.

El ingreso a la lista gris del GAFI traería las siguientes consecuencias: Riesgo del cierre de cuentas de corresponsalía bancaria. Debido al De-Risking aplicado por los demás países, sedes de las corresponsalías extranjeras pueden optar por no operar con Paraguay, a efectos de eliminar cualquier riesgo de LAFT, sin entrar a analizar los costos que implica una debida diligencia ampliada.

También el encarecimiento de los servicios bancarios. Debido al De-Risking aplicado por los demás países, sedes de las corresponsalías extranjeras elevarán las exigencias y aplicarán una debida diligencia ampliada a Paraguay, con su correspondiente costo económico financiero, con cargo a los bancos locales y su posterior traslado de precios a los clientes nacionales.

Además de otras consecuencias. Un país en lista es considerado una jurisdicción riesgosa y asociada a la falta de transparencia en las actividades y cumplimiento de los estándares internacionales.

El ex ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, explicó que más allá de las 40 recomendaciones del GAFI, la evaluación se centró en el grado de cumplimiento de los llamados 11 resultados inmediatos, que incluyen aspectos como los riesgos dentro del país, la cooperación internacional, la aplicación de medidas preventivas, la investigación y sanción de los delitos de financiamiento y actividades terroristas, entre otros.

OFFSHORE DETRÁS DE TIERRAS

En el 2018 la ex jueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Tania Irún, benefició a cuatro empresas con 310 mil hectáreas ubicadas en la Zona de Seguridad Fronteriza, se trata de las presuntas offshore Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Elite Kingdom Investments Limited y Firstar Investments Limited.

En su momento, en una nota presentada ante los órganos jurisdiccionales, el abogado Carl Gwynn, representante de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, advirtió que, en el marco de la causa contra la exjueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Tania Carolina Irún Ayala (imputada por el hecho punible de prevaricato), saltaron nuevos datos que comprometen la presunta falencia de la ex magistrada al dictar una sentencia de cesión a empresas offshore de 310 mil hectáreas de tierra protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza.

Dos de las firmas beneficiadas con las tierras, cuyo valor rondarían los US$ 500 millones, son Kyveloria Limited y Cusabo Limited. Un elemento llamativo es que, conforme al Acta de Constitución las mismas se encuentran constituidas con un irrisorio capital de 1.000 euros, dividido en un paquete accionario consisten en mil acciones de un euro cada uno.

La totalidad de las acciones pertenecientes a un único socio, según los documentos presentante ante la fiscal de la Unidad Anticorrupción. Sin embargo, el artículo 59 del Código Civil estable que el contrato de sociedad dos o más personas, creando un sujeto de derecho, se obligan a realizar aporte para producir bienes o servicios, en forma organizada, participando de los beneficios y soportando pérdidas, siendo un requisito inexcusable que la sociedad sea creada por dos o más personas. 

Las empresas Kyveloria Limited y Cusabo Limited fueron constituidas en Chipre, mientras que Elite Kingdom Investments Limited y Firstar Investments Limited fueron constituidas en Islas Vírgenes Británicas.

TERRITORIOS DE RIESGO

En el 2020, dos años después de las resoluciones de transferencia de tierras protegidas del Chaco que ordenó la ex jueza Tania Irún en favor de las empresas offshore, se publicó una investigación periodista con documentos filtrados del FinCEN, acrónimo de Financial Crimes Enforcement Network (Control de delitos financieros, en español), una unidad de inteligencia del sistema global para luchar contra el blanqueo de dinero, dependiente de la oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América.

El caso de la exjueza Tania Irún es el claro reflejo de una justicia podrida, publicó el ciberactivista Alfredo Guachiré, y señaló que entregó tierras valuadas en 500 millones de dólares a empresas offshore, violando así la ley de territorialidad y soberanía. La sentencia de primera instancia se firmó el 23 de noviembre del 2018.

Los documentos filtrados, conocidos como ‘The FinCEN Files’, incluyen más de 2 mil 100 informes de actividades sospechosas completados por bancos y otras firmas financieras para el FinCEN.

La investigación fue coordinada por el Centro Internacional de Periodistas de Investigación e involucró a 400 periodistas de 110 medios de comunicación en 88 países diferentes y se originó en una filtración de documentos que exhiben cómo ha fluido dinero sospechoso por el sistema financiero mundial.

Un análisis del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) encontró que los bancos que aparecen en FinCEN Files suelen procesar operaciones para sociedades registradas en jurisdicciones secretas, sin conocer el “último beneficiario final” de carne y hueso de la cuenta. Los dueños de estas cuentas corporativas tienen direcciones en Reino Unido, Estados Unidos, Chipre, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos, Rusia y Suiza. Al menos el 20% de los reportes tiene un cliente con una dirección en Islas Vírgenes Británicas.

Incluso, la situación actual en el segundo territorio sigue siendo cuestionada a nivel internacional, puesto que en abril de este año el primer ministro de Islas Vírgenes Británicas, Andrew A. Fahie, sea arrestado por la Justicia de los Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico y lavado de dinero.

Recordemos que la Islas Vírgenes británicas, un territorio de ultramar del Reino Unido y uno de los principales paraísos fiscales del mundo, albergan dos tercios de las cerca de 1.000 empresas fachada utilizadas por los cientos de ejecutivos y políticos mencionados en los Papeles de Pandora.

Este archipiélago caribeño encabeza la clasificación de la oenegé Tax Justice Network de las jurisdicciones fiscales más opacas del mundo, seguido de las Islas Caimán y las Bermudas.

Son citadas habitualmente en las revelaciones de la prensa sobre evasión fiscal en el mundo, sobre todo en los Papeles de Panamá.

Ese territorio genera más del 51% de sus ingresos por el registro de empresas extranjeras, de las que hay 950.000 según una estimación publicada en la web del gobierno del archipiélago.

Se considera que muchas de estas empresas son cascarones vacíos utilizados como fachada en complejos entramados fiscales para ocultar el origen de los fondos o sus destinatarios.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: GAFILAT, SEPRELAD, ÚH, LA VANGUARDIA, INFOBAE, DW EL INDEPENDIENTE, BORDEHUB, BBC, FLS, MEDIOS LOCALES.