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Tras visitar el país, Orella ha alertado de las consecuencias del modelo de producción agroindustrial favorecido por el Estado paraguayo.

El observador internacional entiende que su uso ha victimizado a comunidades campesinas por el aumento incesante de fumigaciones aéreas y terrestres de pesticidas peligrosos.

Además, destacó que los pesticidas son uno de los principales desafíos que enfrenta el país sudamericano no solo en materia medioambiental, sino también en el ámbito de los derechos humanos, por lo que ha recordado que su uso no es necesario para sacar adelante cosechas de calidad.

“Me gustaría recalcar, como hemos hecho varios relatores especiales en repetidas ocasiones, que es un mito que los agrotóxicos sean necesarios para alimentar al mundo. Es preocupante ver la influencia indebida de las empresas en la política pública sobre agrotóxicos en Paraguay”, apuntó el experto en un comunicado.

Orella también resaltó que la concentración de la tierra en unas pocas manos y la consecuente exclusión de amplios segmentos de la población ha agravado la situación que atraviesa el país.

Asimismo, ha llamado al Estado a ratificar el Acuerdo de Escazú sobre derechos medioambientales y aplicar lo estipulado en los dictámenes del Comité de Derechos Humanos sobre los casos de Campo Agua’e y Colonia Yerutí.

Además, reveló que pese a la aprobación, en 2004, de una ley conocida como Deforestación ‘cero’, los mapeos satelitales muestran que de 2006 a 2016 se deforestó un promedio 60 hectáreas por día, fenómeno que se dio “en un contexto de inequidad territorial y tierras otorgadas ilegalmente” durante la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989).

Por otro lado, expresó su preocupación porque el país “no cuente con una definición ni clasificación de los residuos peligrosos, ni con reportes reales de generación de residuos peligrosos”.

En específico, afirmó que en 2017 la Universidad Nacional de Asunción detectó éter metiltert-butílico (MTBE) -usado como oxigenante en la gasolina- en un acuífero que surte a los aproximadamente tres millones de habitantes del área metropolitana de Asunción, y reclamó “medidas urgentes” para evitar la contaminación con esa sustancia.

También expuso los “graves impactos” que causa el uso de mercurio y cianuro en la minería aurífera en el distrito de Paso Yobái, en el departamento de Guirá (sur), donde, afirmó, “se han revelado altos niveles de contaminación por mercurio en los peces de los arroyos y en los trabajadores de las minas”.

Finalmente, el relator, que presentará su informe final al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2023, recomendó al Estado ratificar “sin demora” el Acuerdo de Escazú.

Al respecto, consideró “alarmante” las informaciones sobre vulneraciones contra defensores de los derechos humanos y preocupante la “utilización del derecho penal” para reprimir la protesta y la articulación social.

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