Imagen ilustrativa. GENTILEZA

Con 67 votos a favor de los 84 en total que conforman la Asamble Legislativa de El Salvador, se prorrogó por séptima ocasión consecutiva el régimen de excepción que rige en el país desde finales del mes de marzo.

En conferencia de prensa previa a la votación, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó que la decisión se había tomado horas antes por el Consejo de Ministros. Villatoro alavó además los resultados que el Gobierno da a conocer sobre el desarrollo de la medida: más de 50.000 presuntos pandilleros detenidos, el embargo de unas 1.500 armas y una cifra de 1.024.000 dólares.

"Si bien es cierto que es una decisión del Consejo de Ministros, viene apalancada precisamente por esa necesidad de los millones de salvadoreños que han sido testigos de todos los resultados positivos que se han obtenido", afirmó.

La administración Bukele cuenta al menos 214 días sin homicidios, la mayoría dentro del estado de excepción, según el ministro de Seguridad. Medios de prensa como EFE resaltan que el Gobierno incluye viarias jornadas en las que se reportan muertes de pandilleros en enfrentamientos a tiros con la policía.

La Constitución de la República de El Salvador establece en el artículo 29 esta medida con el fin de responder a circunstancias extremas como la guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o graves perturbaciones del orden público.

El hecho rompió un descenso de los casos delictivos que venía exhibiendo “el presidente salvadoreño, achacado a un supuesto pacto entre la dirección del país y las pandillas, según informan el medio local El Faro y la agencia EFE.

AMNISTÍA SOBRE ESTADO DE EXCEPCIÓN 

Amnistía Internacional (AI) vio desde el principio de la aplicación de la medida una amenaza “grave” para los derechos humanos de los salvadoreños. La organización señaló las “denuncias por detenciones arbitrarias y destacó su preocupación respecto a los malos tratos contra las personas detenidas”.

Más recientemente, el jefe de prensa para las Américas de AI, Duncan Tucker, ratificó el papel de las pandillas en el empeoramiento de la seguridad de los salvadoreños,  posible razón por la que la guerra contra ellas planteada por el presidente Bukele tendría un nivel de popularidad tan alto.

Sin embargo, reclama a la estrategia que “la seguridad pública no debe lograrse a costa de violaciones masivas de derechos humanos”.

Según Tucker, “la estrategia de seguridad del presidente Bukele tampoco es tan innovadora o sostenible como ha hecho creer a la gente”. El periodista asemeja el estado de excepción con las campañas represivas de “mano dura” de gobiernos anteriores, en 2003 y 2004, que dieron lugar una disminución inicial de los homicidios seguida de un fuerte incremento de 2004 a 2006”.

Más de 6.000 denuncias se han llevado a cabo contra las autoridades por atropello a los derechos humanos bajo este régimen. France24