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En 2018, la entonces jueza en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Asunción, Tania Irún, firmó una resolución que obligaba a la transferencia de 310,000 hectáreas de tierras protegidas por la Ley 2532 a cuatro empresas de maletín de la República de Chipre y las Islas Vírgenes Británicas. Estas tierras, pertenecientes a la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial (registrada en Paraguay), están valoradas en 500 millones de dólares.

Según la Ley de Seguridad Fronteriza, el Ministerio de Defensa Nacional es responsable de realizar, ante el Servicio Nacional de Catastro, las diligencias necesarias para el establecimiento de la Zona de Seguridad Fronteriza e inventariar las condiciones de los inmuebles rurales existentes.

Sin embargo, el ministro Óscar González Cañete ha eludido esta responsabilidad. Según el artículo 8 de la ley, los actos jurídicos que contravengan lo dispuesto en ella serán nulos, sin perjuicio de las demás sanciones que puedan corresponder a los jueces, funcionarios y notarios públicos intervinientes. Además, la nulidad del acto conllevará una multa equivalente al doble del valor de la operación.

El Ministerio de Defensa habría presentado los antecedentes ante la Procuraduría General de la República para iniciar el proceso de ejecución jurídica para el cobro de dicha multa. Sin embargo, según fuentes de la institución, supuestamente se solicitó un último parecer del Ministerio de Defensa para determinar si se realizaría la acción. González Cañete alegó que, por instrucciones del presidente de la República, Santiago Peña, el único responsable de proporcionar información sobre el caso es Marco Aurelio González.

La exjueza Tania Irún fue expulsada de la judicatura por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) debido a la resolución de cesión irregular de tierras a las empresas de maletín. A finales del mes pasado, la fiscala adjunta Soledad Machuca presentó ante el Juzgado Penal de Garantías la acusación y solicitud de juicio oral y público.