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Este martes, el juez Yoan Paul López elevó la causa a juicio oral, en la que se juzgará a la ex magistrada por presunta tergiversación y violación del derecho en un fallo dictado en 2018.

Según la acusación, Irún habría beneficiado a empresas de dudosa legalidad, otorgándoles vastas extensiones de tierras ubicadas en el Chaco, las cuales pertenecen a la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial.

El Ministerio Público sostiene que Irún emitió su resolución sin contar con pruebas suficientes sobre la identidad de los accionistas de las empresas Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Elite Kingdom Investments Limited y Firstar Investments Limited, todas registradas en paraísos fiscales como la República de Chipre y las Islas Vírgenes Británicas.

Además, se cuestiona que los estatutos de estas empresas extranjeras permitían la tenencia de acciones al portador o títulos societarios endosables, lo que dificultaba aún más la identificación de los verdaderos dueños.

El Código Penal, en su Artículo 305, establece que el prevaricato, cometido por un juez, árbitro u otro funcionario encargado de dirigir o decidir sobre algún asunto jurídico, será castigado con una pena privativa de libertad de dos a cinco años si se demuestra que resolvió violando el derecho para favorecer o perjudicar a una de las partes. En los casos especialmente graves, la pena podría aumentar hasta diez años de prisión.