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Los procedimientos se efectuaron en tres empresas transportadoras, de donde se recabó información y se incautaron documentos relacionados a varios choferes de camiones, identificados como los que habrían colaborado en el traslado de varias víctimas, mujeres de nacionalidad paraguaya, quienes habrían sido explotadas sexualmente en casas de citas en varias ciudades chilenas. 

La investigación fue iniciada a raíz de la información remitida por el Ministerio Público de Chile, por medio de la cual se puso a conocimiento del Ministerio Público de Paraguay la existencia de una supuesta red internacional que se dedicaría a llevar a mujeres desde Paraguay con destino a varias localidades de Chile, tales como San Fernando, Talca, Linares y Pucón, con fines de explotación sexual.

La supuesta organización se dedicaría a captar mujeres paraguayas, por medio de una ciudadana paraguaya, quien se encontraría residiendo en Chile, desde allí, a través de sus conocidos y amistades que se encuentran en Paraguay, ofertaría puestos laborales en Chile, tales como mucama o encargada de frutería, sin embargo una vez que llegaban a destino serían informadas del verdadero trabajo que realizarán. El mismo consistiría en mantener relaciones sexuales con distintos hombres en casas de citas que se encuentran en las localidades mencionadas.

Además, la pareja de ésta se habría encargado de manejar las sumas de dinero obtenidas de la actividad delictual desarrollada y de controlar a las mujeres utilizando distintos medios como cámaras de vigilancia o imponiéndoles multas por incumplimiento de reglas establecidas, tomando como garantía los documentos de identidad de las víctimas.

En total, estarían involucrados 24 choferes, quienes habrían colaborado con la red en el traslado de al menos 35 víctimas mujeres de nacionalidad paraguaya, de los cuales, 5 fueron detenidos el día de la fecha por personal del Departamento de Investigación de Trata de Personas de la Policía Nacional.

Los procedimientos se realizaron en coordinación con el Jefe del del Departamento de Investigación de Trata de Personas de la Policía Nacional, y contó con el apoyo de agentes de Interpol y de Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional. 

Los allanamientos fueron ordenados por la jueza de Crimen Organizado, Rosarito Montanía.