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Tania Irún, quien se desempeñó como jueza en lo Civil y Comercial de Asunción, enfrenta acusaciones de prevaricato por haber firmado una sentencia que cedió 310 mil hectáreas de tierras en el Chaco, protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza, a cuatro empresas de maletín.

La Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, propietaria de los lotes evaluados en 500 millones de dólares, es la parte afectada por esta sentencia. Su representante, Osvaldo Bittar, brindó detalles sobre la audiencia preliminar. "La defensa de Tania Irún no presentó un solo medio probatorio ante el juez penal de garantías que pudiera sustentar el sobreseimiento definitivo, por lo que este fue rechazado por improcedente", comentó el abogado.

Bittar explicó que, según el Juzgado Penal de Garantías, la causa tiene méritos suficientes para ser debatida en un juicio oral y público. Además, el juez López destacó que durante la investigación del prevaricato surgieron nuevos elementos, como los estatutos de las empresas beneficiadas, que están registradas en paraísos fiscales como la República de Chipre y las Islas Vírgenes Británicas.

Estos estatutos señalan que las acciones de dichas empresas son al portador, lo que contraviene la Ley de Seguridad Fronteriza en lo que respecta a la adquisición de tierras en zonas de frontera. Lo más grave, según denuncia la Asociación afectada, es que en 2017, cuando se firmó la sentencia, no se contaba con estos documentos ni se conocía la identidad de los accionistas.

Durante la audiencia, la defensa de Irún presentó un incidente de sobreseimiento definitivo a favor de la ex jueza. Sin embargo, el juez Yoan Paul López rechazó este pedido, señalando que durante la etapa investigativa se incorporaron nuevos elementos de prueba, como la traducción de los estatutos sociales de las empresas beneficiadas por la ex jueza.

El Código Penal, en su Artículo 305, establece que el prevaricato, cometido por un juez, árbitro u otro funcionario encargado de dirigir o decidir sobre algún asunto jurídico, será castigado con una pena privativa de libertad de dos a cinco años si se demuestra que resolvió violando el derecho para favorecer o perjudicar a una de las partes. En los casos especialmente graves, la pena podría aumentar hasta diez años de prisión.