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La ex jueza Tania Irún, quien enfrenta acusaciones por prevaricato, ha presentado un recurso de apelación en un intento por evitar el juicio oral y público que fue ordenado por el juez Yoan Paul López. Este juez había previamente rechazado el pedido de sobreseimiento definitivo en el caso que involucra la cesión de 310 mil hectáreas de tierras en el Chaco a empresas presuntamente ficticias.

Irún, ex magistrada en lo Civil y Comercial de Asunción, interpuso la apelación contra la resolución emitida el 20 de agosto de 2024, que negó el sobreseimiento solicitado por su defensa. El juez López había decidido llevar el caso a juicio oral, donde la ex jueza deberá responder por la acusación de haber favorecido irregularmente a cuatro empresas de maletín, entregándoles tierras protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza.

El recurso de apelación presentado por la defensa de Irún busca evitar que la ex jueza sea sometida a juicio. La Unidad Especializada de Delitos Económicos, Anticorrupción y Lavado de Dinero, liderada por la fiscal adjunta Soledad Machuca, acusa a Irún de haber ordenado de manera irregular la transferencia de las tierras, valoradas en 500 millones de dólares, pertenecientes a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, en favor de las empresas involucradas.

La acusación también resalta que Irún no verificó adecuadamente los requisitos legales exigidos por la Ley N° 2532/05, que regula la seguridad fronteriza. Específicamente, se señala que no se aseguró de que las acciones de las empresas fueran nominativas y no transferibles, como lo establece la normativa.

Además, durante la investigación surgieron nuevos elementos, como la existencia de estatutos de las empresas beneficiadas, que están registradas en paraísos fiscales como Chipre y las Islas Vírgenes Británicas. Estos documentos indican que las acciones de dichas empresas son al portador, lo que contraviene la ley vigente.

El Ministerio Público también denuncia que, en el momento de la sentencia en 2017, no se disponía de la documentación necesaria ni se conocía la identidad de los accionistas, lo que agrava aún más la situación. Según el Artículo 305 del Código Penal, el prevaricato cometido por un juez o funcionario encargado de resolver un asunto jurídico puede conllevar una pena de dos a cinco años de prisión, y en casos graves, hasta diez años de encarcelamiento.