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El camarista Cristóbal Sánchez, conocido por su amistad con Rodolfo Irún, padre de la exjueza Tania Irún, ha decidido no apartarse y volverá a participar en la resolución de una acción dilatoria en el caso de prevaricato que involucra a la exmagistrada. Sánchez, ya intervino en la causa durante la imputación de Irún, formando parte del Tribunal de Apelaciones junto a José Waldir Servín y Agustín Lovera Cañete.

La defensa de Tania Irún, exjueza en lo Civil y Comercial de Asunción, ha presentado un recurso ante la Cámara de Apelaciones en un intento de demorar el juicio oral en su contra por prevaricato. La acusación se centra en la cesión de 310 mil hectáreas de tierras en el Chaco a empresas que se presume son de maletín.

La participación de Sánchez en este proceso no es nueva. Su cercanía con la familia Irún data del 2006, cuando varios medios destacaron su relación con Rodolfo Irún Alamanni, ex presidente del Consejo de la Magistratura y padre de la exjueza acusada. Esta relación generó cuestionamientos sobre la imparcialidad de Sánchez, quien nunca se inhibió de intervenir en la causa.

En junio de 2022, el periódico El Independiente ya había publicado sobre esta situación, señalando el posible corporativismo y la complicidad entre los camaristas e Irún. La publicación denunciaba cómo la Cámara de Apelaciones, de la cual Sánchez es miembro, había demorado varios meses en resolver otros incidentes relacionados con el mismo caso.

Ahora la Cámara de Apelaciones tiene la tarea de resolver un recurso interpuesto por la ex magistrada en lo Civil y Comercial de Asunción, quien apeló la resolución emitida el 20 de agosto de 2024, que denegó el sobreseimiento solicitado por su defensa. La resolución del juez Yoan Paul López establece que el caso deberá ser llevado a juicio oral, donde la exjueza Tania Irún enfrentará la acusación de haber favorecido de manera irregular a cuatro empresas de maletín, otorgándoles tierras protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza.

ANTECEDENTES
El caso de prevaricato contra Irún se remonta a 2018, cuando la exjueza firmó una sentencia que obligaba a transferir 310 mil hectáreas de tierras en la zona de seguridad fronteriza del Chaco a las empresas Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Firstar Investments y Elite Kingdom Investments. Estas firmas, cuyas identidades de accionistas no fueron verificadas adecuadamente, están registradas en paraísos fiscales, lo que levantó sospechas sobre la legitimidad de la transferencia de tierras.

En noviembre de 2021, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados destituyó a Irún por mal desempeño en sus funciones, una decisión ratificada por la Corte Suprema de Justicia. Posteriormente, en enero de 2022, la fiscal Natalia Fuster imputó a Irún por prevaricato, alegando que la exjueza no corroboró las identidades y nacionalidades de los representantes legales de las empresas, ni la naturaleza de sus acciones, incumpliendo la Ley de Seguridad Fronteriza.

Finalmente, el 18 de julio de 2024, el juez Yoan Paul López recibió la acusación de la fiscala adjunta María Soledad Machuca, quien solicitó elevar el caso a juicio oral. Ahora, con el recurso dilatorio en manos del Tribunal de Apelaciones, la transparencia del proceso está nuevamente bajo escrutinio, especialmente por la participación de Sánchez.