Gentileza

El juicio contra Preston Moon y otros implicados en la producción de documentos falsos ha estado detenido por casi una década, según denuncian los abogados de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial ante la Corte Suprema de Justicia. La defensa de la entidad denunciante solicita una auditoría para identificar las causas de estas demoras.

Carmelo Caballero y Michelle Byun, abogados de la asociación, señalan que el caso, en trámite desde 2015 ante el Juzgado Penal de Garantías N°1 de Asunción y actualmente en la Sala Penal de la Corte Suprema, ha sufrido constantes demoras, atribuibles a "maniobras dilatorias" por parte de los defensores de los imputados. Entre los recursos utilizados para extender el juicio mencionan nulidades, recusaciones y reposiciones.

Aunque la mayoría de estos recursos han sido rechazados, los abogados subrayan que han causado retrasos significativos. Además, plantean la posibilidad de negligencia por parte de los magistrados encargados, por no haber tomado las medidas necesarias para frenar las tácticas dilatorias.

La solicitud de auditoría presentada ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera busca esclarecer las razones detrás de estos retrasos y aplicar las sanciones correspondientes.

La parte denunciante señala que estas demoras han afectado gravemente la administración de justicia y exige que la Corte Suprema garantice la continuidad del proceso sin más obstáculos.

ANTECEDENTES

Según la denuncia, Preston Moon, hijo supuestamente desheredado del reverendo Moon, fundador de la Iglesia de la Unificación, habría realizado maniobras junto a la Iglesia local para firmar documentos que acreditaban un préstamo falso a empresas de maletín. Las tierras involucradas, valoradas en 500 millones de dólares, fueron ofrecidas como garantía de un supuesto préstamo de solo 15 millones de dólares, otorgado por una empresa uruguaya a la Asociación Espíritu Santo de Paraguay. El objetivo de Moon y sus asociados habría sido saldar la supuesta deuda con la cesión de vastas tierras ubicadas en el Chaco paraguayo.

En 2012, varias empresas offshore de paraísos fiscales, entre ellas Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Firstar Investments y Elite Kingdom Investments, reclamaron el pago de la deuda. Esto desencadenó otro proceso judicial bajo la causa "Cusabo Limited y otros c/ Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial sobre cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública". La sentencia en favor de estas empresas, que ordenaba la cesión de 310 mil hectáreas de tierras protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza, terminó por costarle el cargo a la ex jueza Tania Irún, quien hoy enfrenta una imputación por prevaricato.

Este complejo conflicto jurídico no solo ha afectado a la Asociación Espíritu Santo, sino también a los pobladores de Puerto Casado, quienes, por ley, deberían ser los titulares de estas tierras. Sin embargo, debido a los litigios en curso, la Asociación no ha podido cumplir con la transferencia legal de las tierras a favor de los habitantes de la región.

MÁS DETALLES

En noviembre de 2022, los fiscales Francisco Cabrera y Luis Piñánez informaron al Juzgado que ya no existía ningún obstáculo para la prosecución del proceso penal contra John Andrew Morris English, Thomas Rutherford Field, Richard Perea, Marciano Lorenzo Pessoa, Gerónimo Amarilla y Kiantar Betancourt. Estos están acusados de intentar apoderarse ilegalmente de tierras pertenecientes a la Asociación Espíritu Santo de Paraguay, valoradas en 500 millones de dólares, mediante la ejecución de un supuesto préstamo falso de 15 millones de dólares.

En 2017, el Ministerio Público había imputado a varios involucrados por los delitos de estafa en grado de tentativa y producción mediata de documento público falso. Entre los procesados se encuentran Hyun Jin Moon, hijo presuntamente desheredado del reverendo Moon, su socio estadounidense Kiantar Betancourt, Gerónimo Amarilla Maciel, John Andrew Morris, Marciano Lorenzo Pessoa, Thomas Rutherford Field, Jesús González Losada, Richard Perea, Lee Hyun Min y Shin Donggwan.

Posteriormente, el avance de la causa se paralizó debido a varios impedimentos. Sin embargo, según el abogado Rodrigo Moreno, estos obstáculos se superaron cuando el expediente judicial fue devuelto al Juzgado Penal de Garantías después de que el Tribunal de Apelaciones resolviera los múltiples incidentes y recursos presentados por las defensas, los cuales, según Moreno, tenían como único objetivo dilatar la investigación del Ministerio Público y evitar que los imputados enfrenten el procedimiento judicial, incluyendo la imposición de medidas cautelares.

Las defensas de los procesados John Andrew Morris English, Thomas Rutherford Field, Richard Perea, Marciano Lorenzo Pessoa, Gerónimo Amarilla y Kiantar Betancourt presentaron diversas acciones ante el Juzgado Penal de Garantías con el fin de frenar el avance del proceso. Entre ellas, los abogados de Gerónimo Amarilla y Kiantar Betancourt invocaron la excepción de falta de acción, argumentando la prescripción y la consiguiente extinción del derecho de persecución penal.

Por su parte, Richard Perea, Marciano Lorenzo Pessoa, John Andrew Morris English y Thomas Rutherford Field presentaron un incidente innominado de prescripción, con el mismo objetivo de detener el proceso judicial.