Gentileza

En un conflicto judicial se tiene como uno de sus puntos centrales la disputa por más de 310 mil hectáreas de tierras, que se encuentran en una delicada situación legal debido a una sentencia judicial que, según la Cámara de Diputados, vulneraría directamente las disposiciones de la Ley de Seguridad Fronteriza y afectaría el cumplimiento de la Ley 3294/2007.

Las tierras en cuestión, ubicadas en el departamento de Alto Paraguay, han sido objeto de controversia ya que forman parte de una donación que la Asociación Espíritu Santo se comprometió a realizar al Estado paraguayo, según lo estipulado en la Ley mencionada.

Sin embargo, este compromiso de donación no se ha concretado, lo que ha impedido que la población de Puerto Casado pueda acceder a la titulación legal de sus propiedades. El conflicto, que involucra intereses nacionales y derechos territoriales, ha llevado a las autoridades legislativas a tomar cartas en el asunto, solicitando que se protejan los bienes del Estado y que se garantice la regularización de las tierras para los pobladores afectados.

PREOCUPACIÓN DEL LEGISLATIVO
Ante la gravedad de la situación, la Cámara de Diputados ha instaló a varias dependencias, como el Poder Judicial, a actuar en defensa del patrimonio del Estado, asegurando el cumplimiento de las leyes vigentes y, particularmente, de la Ley de Seguridad Fronteriza, que regula el uso y la administración de tierras en áreas limítrofes.

La declaración de la Cámara Baja fue presentada formalmente ante el Juzgado Civil y Comercial del Vigésimo Sexto Turno a cargo del juez Heinrich von Lücken, por el abogado Gerardo Galeano Guerrero, representante de la Asociación Espíritu Santo.

En su escrito, el abogado solicitó que se tenga en cuenta la resolución legislativa, que también fue comunicada al Presidente de la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de que las máximas autoridades judiciales del país tomen las medidas necesarias para proteger los intereses nacionales.

El conflicto legal que gira en torno a las tierras de Puerto Casado ha tenido un impacto directo en la vida de los pobladores, quienes desde hace años luchan por obtener la titulación de sus tierras. La donación fue aceptada por el Estado paraguayo a través de la Ley 3294/2007, pero su concreción se ha visto obstaculizada por decisiones judiciales que ponen en entredicho los derechos de los beneficiarios.

Estas tierras, que originalmente pertenecían a la Asociación Espíritu Santo, fueron comprometidas para ser transferidas al Estado con el fin de que los habitantes de la zona pudieran acceder a la propiedad de las mismas. Sin embargo, una sentencia judicial reciente ha creado incertidumbre sobre el futuro de estas tierras, afectando no solo a la población local, sino también al cumplimiento de las leyes de seguridad y soberanía nacional.

PRESENTACIÓN
El abogado Gerardo Galeano Guerrero informó al juez Heinrich von Lücken sobre la declaración emitida por la Cámara de Diputados, destacando la importancia de la intervención de las instituciones del Estado en la resolución del conflicto. Galeano Guerrero adjuntó la documentación correspondiente que acredita la notificación realizada a la Corte Suprema, y solicitó que la declaración legislativa sea incorporada al expediente judicial como parte de los elementos a considerar en el proceso.

La Cámara de Diputados ha dejado en claro que el resguardo del patrimonio estatal y el respeto a las leyes de seguridad fronteriza son fundamentales para el desarrollo y la protección de las áreas limítrofes del país. En este sentido, la declaración N° 549 se convierte en un instrumento clave para garantizar que los intereses nacionales no sean vulnerados en el marco de este litigio.

EXPECTATIVAS
La situación en Puerto Casado sigue siendo incierta, mientras sus habitantes esperan una solución definitiva que les permita acceder a la titulación de las tierras que han ocupado durante generaciones.

La intervención de la Cámara de Diputados y las medidas que puedan tomar las instituciones del Estado serán fundamentales para resolver este conflicto y garantizar el respeto a los derechos de los pobladores y la protección de los bienes públicos.

Este proceso judicial ha puesto en evidencia la importancia de una coordinación efectiva entre los diferentes poderes del Estado, con el fin de proteger los intereses nacionales y garantizar que el patrimonio público no se vea comprometido en litigios de esta magnitud.