Gentileza

En 2015, el Estado paraguayo aceptó la donación de tierras para que los habitantes de Puerto Casado pudieran convertirse en los dueños legales de sus terrenos.

Se trata de la Ley Nº 3294, que deroga la Ley Nº 2730/05 y acepta la donación de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial y de la firma Atenil S.A. a favor del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT). Esta ley incluye tierras ubicadas en los distritos de Puerto Casado y Puerto Pinasco, en los departamentos de Alto Paraguay y Presidente Hayes, con fines de reforma agraria, y varios lotes en el casco urbano de Puerto Casado a favor de la municipalidad.

LA APARICIÓN DE UNA EMPRESA
La Asociación del Espíritu Santo, con reconocimiento legal en Paraguay, adquirió las tierras y, como dueña de los títulos, celebró un contrato de arrendamiento con la firma Atenil S.A. Estas tierras, que abarcan unas 310.000 hectáreas, están protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza. En 2012, la Comisión de Tierras logró la "colonización de hecho" mediante una resolución del INDERT, durante el interinato del abogado Emilio Camacho, para proteger a los ocupantes ante demandas judiciales y órdenes de desalojo promovidas por Atenil S.A.

LITIGIO
También en el 2012 falleció el reverendo Sun Myung Moon, fundador de la Iglesia de la Unificación (Asociación del Espíritu Santo). Posteriormente, su hijo desheredado, Preston Moon, aprovechando una disputa interna, trató de quedarse con los activos de la organización religiosa, lo que desató una serie de litigios judiciales.

Apareció un supuesto préstamo de la empresa Victoria Terrace S.A. a la Asociación del Espíritu Santo por 15 millones de dólares, seguido por la aparición de cuatro empresas offshore, registradas en paraísos fiscales. Entre ellas estaban Kyveloria Limited y Cusabo Limited, constituidas en Chipre, y Firstar Investments Limited y Elite Kingdom Investments Limited, constituidas en las Islas Vírgenes Británicas.

Estas firmas reclaman el cobro de un préstamo mediante una supuesta cesión de tierras. Se trata de 310 mil hectáreas valoradas en 500 millones de dólares, para saldar una presunta deuda de apenas 15 millones de dólares. La desproporción entre el valor de las tierras y la deuda plantea serios cuestionamientos sobre la legitimidad de este acuerdo, lo que podría estar vinculado a maniobras legales que perjudican gravemente a los ocupantes y el interés público.

JUICIO CONTROVERTIDO
Las mencionadas empresas de maletín iniciaron un juicio bajo el nombre “Cusabo Limited y otros c/ Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial s/ cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública”.

Sorprendentemente, los documentos del Ministerio Público revelan que Kyveloria y Cusabo fueron constituidas con un capital de apenas 1.000 euros cada una, pero reclaman tierras valoradas en millones de dólares. Además, no se conoce quiénes son los accionistas de estas empresas, lo cual contraviene la Ley de Seguridad Fronteriza, que exige que las acciones de las empresas que poseen tierras en zonas de seguridad fronteriza sean nominativas y no endosables.

A pesar de esto, en 2018, la ex jueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Tania Irún, firmó una sentencia que obligaba a la Asociación Espíritu Santo a ceder tierras en el Chaco a empresas offshore, totalmente desconocidas para los pobladores de Casado y del Departamento de Alto Paraguay.

Es importante recordar que Irún fue expulsada de la judicatura por actuar en contravención a la Ley de Seguridad Fronteriza, un fallo ratificado primero por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y luego por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Actualmente, está acusada de prevaricato y a la espera de juicio oral y público.

INDEFENSIÓN DE LOS CASADEÑOS
Este caso refleja la gravedad de las decisiones judiciales que favorecen a intereses privados en detrimento de los derechos de las comunidades locales. Mientras tanto, los pobladores de Puerto Casado siguen sin obtener respuestas.

Es importante destacar que, en reiteradas ocasiones, la Asociación Espíritu Santo ha manifestado su voluntad y total compromiso con cumplir la Ley 3294 para que los casadeños sean los verdaderos titulares de sus tierras, tanto de hecho como de derecho. Las 310.000 hectáreas cedidas a las empresas de maletín están compuestas por 26 fincas, de las cuales 11 están vinculadas directamente a la Ley 3294 y deben ser transferidas a los casadeños.

A pesar de que la donación de tierras fue aprobada, la donante fue condenada en un controvertido juicio civil a traspasar los terrenos a empresas de maletín registradas en paraísos fiscales. Ante esta situación, la Cámara de Diputados ha enfatizado la necesidad de proteger el patrimonio del Estado paraguayo, conforme a la Ley Nº 3294/2007, que protege las tierras de Puerto Casado donadas por la Asociación Espíritu Santo.

Los casadeños, después de años de lucha, siguen sin poder acceder plenamente a sus tierras, lo que afecta su subsistencia y desarrollo. Es imperativo que esta situación de indefinición se resuelva cuanto antes.