GENTILEZA

La ex jueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Tania Irún interpuso el recurso de apelación luego de que el juez penal de Garantías, Yoan Paúl López, rechazara el pedido de sobreseimiento planteado por su defensa el mes pasado. La acusación en su contra indica que favoreció a cuatro empresas presuntamente ficticias en la entrega de tierras protegidas bajo la Ley de Seguridad Fronteriza.

En la nueva etapa del proceso quedó conformada la integración de la Cámara de Apelaciones que decidirá sobre el futuro judicial de Irún y está compuesto por los magistrados Cristóbal Sánchez, Agustín Lovera Cañete y José Waldir Servín, quienes deberán definir si se confirma la elevación a juicio oral y público.

El Ministerio Público, encabezada por la fiscal adjunta Soledad Machuca, acusa a la exjueza de haber facilitado la transferencia irregular de 310.000 hectáreas de tierras valoradas en 500 millones de dólares, a empresas registradas en paraísos fiscales. Las tierras, pertenecientes a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, fueron cedidas a firmas ubicadas en Chipre y las Islas Vírgenes Británicas.

El caso se originó en 2018, cuando Irún dictó una sentencia a favor de las empresas Cusabo, Kyveloria, Firstar Investments y Elite Kingdom, sin verificar adecuadamente la identidad de sus representantes legales ni el cumplimiento de los requisitos de la Ley N° 2532.

El artículo 4° de la Ley 2532 estipula que, para que una empresa pueda adquirir terrenos en zonas de seguridad fronteriza, sus acciones deben ser nominativas y no transferibles. Además, se destaca que el expediente no incluye ninguna verificación o información sobre si Irún cumplió con estos requisitos, lo que resultó en la transferencia de los terrenos a las empresas en cuestión.

El Ministerio Público sostiene que la exjueza actuó sin contar con la documentación completa ni con la identificación de los accionistas de las empresas favorecidas, lo que agravaría su situación. De ser hallada culpable de prevaricato, Irún podría enfrentar hasta diez años de prisión, conforme al Código Penal paraguayo.

ANTECEDENTES
La Asociación del Espíritu Santo, una entidad legalmente reconocida en Paraguay, adquirió una extensa propiedad de aproximadamente 310.000 hectáreas, protegidas bajo la Ley de Seguridad Fronteriza. Posteriormente, la Asociación arrendó estos terrenos a la empresa Atenil S.A. En 2012, durante el mandato interino del abogado Emilio Camacho en el INDERT, se logró una "colonización de hecho" para proteger a los ocupantes de posibles demandas judiciales y desalojos iniciados por Atenil S.A.

Ese mismo año, falleció el reverendo Sun Myung Moon, fundador de la Iglesia de la Unificación (Asociación del Espíritu Santo). Tras su muerte, su hijo Preston Moon, que supuestamente había sido desheredado, intentó apoderarse de los activos de la organización religiosa desencadenando una serie de litigios.

En medio de esta disputa, surgió un supuesto préstamo de 15 millones de dólares otorgado por la empresa Victoria Terrace S.A. a la Asociación del Espíritu Santo. Pero, lo llamativo de la causa señala que finalmente cuatro empresas offshore registradas en paraísos fiscales se hicieron con la deuda. Se tratan de Kyveloria Limited y Cusabo Limited en Chipre, y Firstar Investments Limited y Elite Kingdom Investments Limited en las Islas Vírgenes Británicas, favorecidad por la exjueza Tania Irún.

Estas empresas reclamaron el cobro de un préstamo a través de una supuesta cesión de las tierras, que están valoradas en 500 millones de dólares, para saldar una deuda de solo 15 millones de dólares. La notable discrepancia entre el valor de las tierras y el monto de la deuda plantea serias dudas sobre la legitimidad de este acuerdo, sugiriendo posibles maniobras legales que podrían perjudicar gravemente a los ocupantes y al interés público.