Gentileza

El pasado 4 de abril del 2023 se realizó la audiencia preliminar para la exjueza en lo Civil y Comercial Tania Irún, imputada por el delito de prevaricato por entregar supuestamente de forma irregular 310 mil hectáreas de tierras a empresas de maletín de paraísos fiscales. Tierras ubicadas en zona de seguridad fronteriza y protegidas justamente por la Ley de Seguridad Fronteriza.

En la audiencia, el juez Penal de Garantías Yoan Paul López otorgó a la procesada el sobreseimiento provisional que solicitó la agente fiscal Anticorrupción, Natalia Fuster. De esta forma, la representante del Ministerio Público dispone de un año más de tiempo para seguir recabando pruebas y pedir la reapertura de la causa. 
Fuster confirmó que el sobreseimiento provisional quedó firme, ya que no fue apelado por la defensa de la exjueza.
Por su parte, indicó que ya empezaron a solicitar nuevas diligencias y reiterar los pedidos de informe a los Estados extranjeros, donde se formaron las cuatro empresas offshore beneficiadas con la entrega de tierras.

Añadió que los procedimientos se están realizando en coordinación con la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, a cargo del fiscal Manuel Doldán.
"Ya tenemos las carpetas nuevamente, estamos trabajando con la sección de Asistencia Jurídica Externa para reiterar los requerimientos que aún no han sido respondidos, especialmente por Islas Vírgenes Británicas", comentó Fuster.

Recordemos que las empresas Firstar Investments Limited y Elite Kingdom Investments Limited, constituidas en las Islas Vírgenes Británicas, son dos de las offshore beneficiadas por Tania Irún. Las otras firmas sin Kyveloria y Cusabo, creadas en la República de Chipre.

Las cuatro mencionadas firmas extranjeras y presuntas empresas de maletín reclaman ser otorgantes de un supuesto préstamo concedido a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial.

Sin embargo, en informes ya acercados al Ministerio Público sobre la constitución de dos firmas (Kyveloria y Cusabo), revelan que las mismas fueron constituidas con un capital de apenas 1000 euros cada una, pero reclaman tierras valorizadas en millones de dólares. 

En tanto que, de las demás firmas, a la fecha no se tienen datos, pero, la jueza Irún en el 2018 ya concedió tierras a estas empresas que ni siquiera están constituidas en nuestro país.