GENTILEZA

La Cámara de Apelaciones aún no ha resuelto el recurso dilatorio presentado por la exjueza en lo Civil y Comercial, Tania Irún, quien en 2018 cedió 310 mil hectáreas de tierras protegidas del Chaco, valoradas en 500 millones de dólares, a empresas extranjeras. Las tierras están protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza.

El Tribunal de Apelaciones, compuesto por Agustín Lovera Cañete, José Waldir Servín y Cristóbal Sánchez, presuntamente está bajo fuertes presiones, según fuentes judiciales. En los pasillos del Poder Judicial se comenta que supuestamente algunos jueces podrían estar recibiendo presiones de una figura que ocupó por mucho tiempo un alto cargo en la judicatura y que recientemente se jubiló.

También se ha cuestionado la imparcialidad del camarista Cristóbal Sánchez, dada su relación de amistad con la exjueza acusada, lo que ha generado preocupación entre los involucrados, ya que Sánchez no se ha inhibido del caso.

LA ACUSACIÓN

En julio pasado, la fiscal adjunta Soledad Machuca formalizó la acusación contra Tania Irún, solicitando un juicio oral y público. Irún está acusada de prevaricato por ordenar que la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial transfiriera 310 mil hectáreas de tierras en Alto Paraguay a empresas que, según la Fiscalía, serían ficticias o de maletín.

Machuca destacó que la exjueza actuó en contra de la Ley N° 2532, que establece la Zona de Seguridad Fronteriza. En su fallo, Irún mencionó únicamente el artículo 2°, relacionado con la nacionalidad de los reclamantes, afirmando que no eran de países vecinos. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que no existe documentación en el expediente que respalde esta afirmación.

Lo más grave, según la acusación, es que la exjueza omitió el cumplimiento del artículo 4° de la ley, que exige que las acciones de las empresas que adquieren tierras en zonas de seguridad fronteriza sean nominativas y no endosables. No se realizaron las verificaciones necesarias, lo que permitió que las tierras fueran transferidas a empresas cuestionadas.