GENTILEZA

La Cámara de Senadores emitió una declaración instando al Poder Judicial y a las instituciones del sistema de justicia a que realicen un control riguroso de las normas establecidas en el derecho positivo paraguayo en torno a las 310 mil hectáreas de tierras del Chaco, protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza. Estas tierras, valuadas en US$500 millones, fueron entregadas en 2018 a empresas de maletín radicadas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas y la República de Chipre.

La ex jueza Tania Irún, entonces a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Asunción, cedió las tierras a cuatro empresas que no estaban registradas en Paraguay, contraviniendo lo establecido en el Código Civil. Además, dichas empresas operaban con acciones al portador, en lugar de acciones nominativas, en clara violación de la ley.

Esta resolución judicial de Irún ha impedido hasta la fecha que se materialice la donación de dichas tierras a los pobladores de Puerto Casado, un beneficio estipulado por la Ley 3294/2007. La ley, que fue aceptada por el Estado paraguayo, busca otorgar la titularidad de las tierras a los habitantes que las han ocupado por generaciones.

Mientras los pobladores de Puerto Casado esperan una solución definitiva que les garantice la propiedad de las tierras, la situación sigue siendo incierta. La intervención de la Cámara de Diputados y las acciones que adopten las instituciones del Estado serán cruciales para resolver este conflicto, proteger los derechos de los pobladores y salvaguardar los bienes públicos.

Recordemos que el 9 de noviembre del 2021, el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, emitió su voto ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), señalando que la ex jueza Tania Irún violó de manera inequívoca la Ley de Seguridad Fronteriza con su sentencia de primera instancia del 23 de noviembre de 2018. Benítez Riera subrayó que dicha sentencia puso en riesgo la soberanía nacional. Como resultado, Irún fue expulsada de su cargo por el JEM, y posteriormente, el pleno de la Corte Suprema ratificó dicha expulsión.

A través de la Resolución N° 208, la Honorable Cámara de Senadores exhorta al Poder Ejecutivo, a la Procuraduría General de la República, al Ministerio de Defensa Nacional y a la Corte Suprema de Justicia a resguardar el patrimonio del Estado paraguayo en relación al caso de la donación de tierras aceptada por la Ley 3294/2007. Además, se insta al cumplimiento de la Ley 2532/2005, que establece la Zona de Seguridad Fronteriza de la República del Paraguay, una normativa clave para evitar la cesión de tierras estratégicas.

Anteriormente, la Cámara de Diputados ya había exigido acciones urgentes para proteger las tierras donadas al Estado en favor de los casadeños. Las mismas 310 mil hectáreas, protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza, fueron cedidas a empresas de maletín de paraísos fiscales.

Fue a través de su declaración N° 549, emitida el 31 de julio de 2024, la Cámara de Diputados hizo un llamado urgente a estos organismos, instando a la protección de las tierras en cuestión, fundamentales para la reforma agraria y el desarrollo rural en la región.