GENTILEZA

El Congreso Nacional, a través de sus dos cámaras, ha aprobado resoluciones clave que demandan la protección del patrimonio estatal en el caso de la donación de tierras en Puerto Casado, según la Ley Nº 3294/2007. Esta ley regula la cesión de terrenos realizada por la Asociación Espíritu Santo y la empresa Atenil S.A., destinada a los habitantes de Puerto Casado, en el marco de la Ley 2532/2005, que establece la Zona de Seguridad Fronteriza del país.

Ambas cámaras han urgido al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Defensa Nacional, la Procuraduría General y la Corte Suprema a cumplir con sus obligaciones legales y asegurar que las tierras sean protegidas conforme a la normativa. Estas tierras son vitales para los casadeños, quienes esperan convertirse en los legítimos dueños de sus propiedades.

Sin embargo, a pesar de estos llamados, el Ministerio de Defensa Nacional y la Procuraduría han retrasado cualquier tipo de acción contra los funcionarios involucrados en la entrega irregular de tierras a empresas de maletín. Estas empresas, registradas en paraísos fiscales, han accedido a tierras que están protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza, lo que representa una amenaza a la soberanía nacional.

DOS AÑOS DE INACCIÓN

En 2022, el Ministerio de Defensa remitió los antecedentes del caso a la Procuraduría General de la República, esperando que se tomaran medidas. Sin embargo, hasta ahora, tanto el ministro Óscar González Cañete como el procurador Marco Aurelio González no han hecho nada por sancionar a los responsables. Esta inacción ha permitido que el problema se perpetúe, a pesar de que existen pruebas claras de que funcionarios judiciales, de Registros Públicos y otros involucrados violaron las leyes al transferir las tierras.

Informes de la Comisión Interinstitucional de la Zona de Seguridad Fronteriza (CIZOSEF) confirman que las tierras cedidas a empresas de maletín están ubicadas en una zona de seguridad estratégica. Estas áreas están protegidas por leyes especiales que buscan preservar la integridad territorial del país y evitar su entrega a intereses extranjeros.

Las resoluciones del Congreso han expresado su alarma por la posible complicidad de algunos jueces que estarían permitiendo el traspaso de tierras, sin respetar ni la Ley de Seguridad Fronteriza ni la normativa que regula la donación. Esto podría llevar a decisiones que, además de ser ilegales, afectarían gravemente los derechos de los casadeños.

LOS CASADEÑOS AÚN ESPERAN

A pesar de las múltiples acciones del Congreso y de la voluntad expresada por la Asociación Espíritu Santo para cumplir con la Ley 3294, la situación permanece estancada. De las 310.000 hectáreas involucradas, 26 fincas están directamente relacionadas con esta ley, y 11 de ellas deberían haber sido transferidas a los casadeños hace años.

Aunque la donación de tierras fue formalmente aprobada, la Asociación Espíritu Santo fue obligada en un controvertido juicio a transferir los terrenos a empresas de maletín, registradas en jurisdicciones offshore. Esto ha generado gran preocupación, ya que los legítimos beneficiarios, los habitantes de Puerto Casado, aún no pueden acceder plenamente a sus tierras, lo que afecta gravemente su futuro.

La Cámara de Diputados ha resaltado la importancia de proteger el patrimonio del Estado paraguayo, conforme a la Ley Nº 3294/2007, que establece la prioridad de garantizar la propiedad de las tierras a los casadeños. Después de una larga lucha, los habitantes siguen esperando una resolución que les permita obtener los títulos de propiedad de sus tierras.

El Congreso ha insistido en que las autoridades deben tomar medidas urgentes para garantizar que los derechos de los casadeños se respeten, poniendo fin a esta indefinición que ha retrasado su desarrollo y bienestar durante años.